Confirmada nuestra denuncia sobre la verdad de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3...

En septiembre de 2010, ante un juez denuncié la gravedad del Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, el del empréstito de los 37.000 millones de pesos. Entre todas las irregularidades que detectamos, advertí sobre el incumplimiento que haría el municipio al subsidio de los estratos 1, 2 y 3 en convenio firmado con EMDUPAR.

El día 11 de febrero, escuchaba a algunos concejales como posaban de moralistas en las emisoras, divididos en dos bandos; pero NINGUNO decía la verdad de todo esto; así como tampoco lo hicieron cuando aprobaron el Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010 unos, o cuando votaron en contra del proyecto de acuerdo otros.

Todos pecaron por OMISIÓN DE DENUNCIA, tal y como es deber de todo servidor público cuando detecta que "algo" va en contra de los intereses colectivos.

Al ver tanto cinismo de parte de todos ellos, el que siempre y sólo aflora en campañas preelectorales, porque repito, unos actuaron a favor del proyecto de acuerdo aprobándolo, pero los que votaron en contra ni informaron a la ciudadanía de las consecuencias de su aprobación y tampoco informaron a las autoridades, decidí publicar la verdad de ello en mi blog, bajo el título:

"NO SE DEJE ENGAÑAR MÁS. LEA AQUÍ LA VERDAD SOBRE EL DEBATE DE LOS CONCEJALES DE VALLEDUPAR POR LOS SUBSIDIOS A ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO…"

(Pueden leerlo en: http://bit.ly/i3Gw7B )

Ahora resulta que el Honorable Concejal leonardo Maya reconfirma lo que yo, sin ser funcionaria pública denuncié, en una columna de un diario virtual, con el título "La verdad sobre los subsidios" :

http://goo.gl/VRXr0

Pero la columna y la verdad verdadera del Doctor Maya es extemporánea, porque desde abril que se discutió y aprobó el Acuerdo que priva del subsidio a los estratos 1, 2 y 3 han transcurrido diez largos meses...

Sería bueno que el gerente de EMDUPAR también dijese la verdad y que todos dejen de mentirle a la ciudadanía; que dejen de dirigir todo esto a la politiquería, como acostumbran a hacer cuando se avecinan campañas electorales y cuando se usa, como siempre, a EMDUPAR como fortín político y caballito de batalla...

Esperamos que los funcionarios públicos de EMDUPAR, así como el Sindicato saquen de su interior, de una vez por todas y con vehemencia, el sentido de pertenencia que deben tener como funcionarios públicos de la única empresa que es patrimonio de todos los vallenatos.

Luz Marina Gnecco Plá

Columna de Leonardo Maya Amaya:

La verdad sobre los subsidios
Por Leonardo José Maya

Valledupar, febrero 20 de 2011.

(www.elpaisvallenato.com)

El proyecto 001 que presentó la administración municipal para estudio y aprobación por el Concejo Municipal confirmó la “Profecía” que anuncié cuando afirmé que el crédito de los 37.000 millones de abril de 2010 era “apocalíptico” para las finanzas de Valledupar y que afectaría los subsidios de los estratos bajos.

En efecto, el mencionado proyecto proponía disminuir los subsidios a estos estratos lo cual ocasionaría aumentos  en la facturación así: estrato I 55%, II 22%, III 1,2 % esto generó inmediatamente el rechazo del pueblo, cerca de 57.000 usuarios se afectarían y al alcalde no le quedó otra que “poner pies en polvorosa” y retirar el controvertido proyecto.

Todo se debe al crédito de los $37.000 millones que se pagará con el 70% de los recursos de SGP para saneamiento básico y agua potable durante 20 años.  De los $7000 millones/año que se recibe del SGP por este concepto, $4.900 se van a pagar esta deuda, queda poco más de $2.000 millones para subsidio pero el monto de los subsidios es de $4.485 millones/año, como se ve no alcanza para cubrir este monto, fue por eso que se pretendió aumentar la tarifa de acueducto, alcantarillado y aseo para cubrir el faltante que es algo así como $ 2.500 millones. (Recordemos que las contribuciones de los estratos altos e industriales y comerciales son $1.550 millones al año para subsidios pero estos ya están descontados en esta relación).

La administración lo que hizo fue asumir el faltante para cubrirlo con dinero de los ingresos propios del municipio, traslado presupuestal, pero este dinero no existe en bancos, es decir no se le va a girar nada, lo que asume la admon. Es una deuda con EMDUPAR que sumado a deudas anteriores pasa de $5.000 millones y que deberá pagar el alcalde venidero (lean bien candidatos)

Esto me permite afirmar que estas tarifas no son sostenibles en el tiempo y tarde o temprano los subsidios disminuirán y por consiguiente habrá que subir la factura a estos estratos.

Queda claro entonces que la mayor parte del dinero del SGP para saneamiento básico y agua potable se utiliza para pagar la deuda del crédito, esta fue una de las razones que expusimos para no aprobar este crédito, las proyecciones nos indicaban que esto iba a suceder, que los subsidios se afectarían, pero el concejal Ramírez y mi persona no fuimos escuchados, representantes de la administración afirmaron en el recinto que no se afectarían y los concejales que aprobaron el proyecto creyeron en su buena fe.

Hablando del mencionado crédito en este momento solo en intereses la deuda alcanza una cifra cercana a los $3.800 millones y no se ha puesto con solo ladrillo porque la justicia tiene detenido el proceso de adjudicación, sus razones tendrán los jueces de la república que imparten justicia en Valledupar.

Al momento de escribir esta columna está pendiente el subsidio a los servicios de aseo. Como todos sabemos esta es una concesión. INTERASEO agrupa otras empresas encargadas de prestar este servicio, EMDUPAR participa con el 10% de las acciones pero en 14 años de existencia nunca ha recibido un solo peso por concepto de ganancias y nadie dice nada.

POSTDATA: Nuestra mayor dificultad no es la inseguridad ni el desempleo ni la falta de oportunidades, nuestra mayor dificultad es el miedo y lo llevamos dentro. Felicitaciones al valeroso rector que denunció los vergonzosos hechos de que fue víctima recientemente.

¡Sueño que Valledupar será una ciudad de estudiantes protegidos!

ljmaya93@hotmail.com

http://www.elpaisvallenato.com/html/noticias/2011/febrero/20/5804497laverdadsobre.html

Colombia: Entre la violencia de los alzados en armas y la violencia de quienes disparan desde las redes sociales...

Por errores y desidia del Estado Colombiano, en la década del 90, el conflicto armado en Colombia comenzó a cambiar. En esa época, la guerrilla multiplicó sus frentes y sus fuentes de fortalecimiento financiero provenían del boleteo a empresarios rurales, del secuestro, de la extorsión a multinacionales y del narcotráfico.

Todo esto trajo consigo la expansión de la guerrilla hacia nuevas áreas, a incrementar notablemente no sólo el número de frentes, sino también el número de hombres; por lo que lograron acrecentar su potencial bélico y esto llevó a que pudiesen ejercer un mayor poder territorial, una mayor presencia política, una mayor capacidad de amenaza para el sistema político y también una mayor capacidad de perturbación del funcionamiento de la economía colombiana.

Así las cosas, la guerrilla transformó entonces sus características de escalamiento militar que trajeron consigo enormes y beneficiosos efectos para ellos y muy graves para Colombia en el aspecto socio-político y económico. Vemos entonces cómo la guerrilla de hoy ya no es marginal y tampoco su campo de acción se limita a las zonas rurales, por lo que se constituye en un actor fundamental y decisivo en el futuro de la sociedad colombiana.

  

Desde la década del 90, el secuestro, el boleteo, la extorsión y el narcotráfico pasaron a un segundo plano como fuentes de financiamiento de la guerrilla. En asocio con servidores públicos corruptos, la guerrilla desvía recursos financieros en los departamentos que perciben regalías por explotación de recursos naturales.

Suponemos que éste cambio en las fuentes de financiamiento se debió al desprestigio del secuestro y al repudio de la sociedad civil a éste tipo de acciones, pero no dejaron de realizarlo, sencillamente cambiaron el método, dejaron atrás las pescas milagrosas y las prácticas que generalmente ejercían para lograrlo. Quizá por ese descrédito del secuestro, la guerrilla comenzó a contratar a la delincuencia común para que realizase los secuestros extorsivos; en tanto ellos se encargan del cautiverio del secuestrado y de negociar la extorsión con sus familiares.

Hay zonas en Colombia donde la población rural presionada por la guerrilla correspondía en el año 1995 al 50% de la población total, tales como los departamentos de Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar y Norte de Santander. En esas zonas de influencia armada, la tasa de secuestro por cada cien mil habitantes superaba la media nacional y en algunos casos, como en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Nariño, Cauca, Tolima, Huila y Antioquia; correspondía a la tasa más alta del país. Esto se debía al incremento que acabamos de relacionar de la presencia guerrillera en su proceso de expansión y transformación entre los años 1987 y 1995.

Vemos cómo hasta ese entonces solamente existía presencia armada reconocida de la guerrilla, quien ya actuaba en sociedad con algunos grupos de delincuencia común y con algunos políticos corruptos.

Ante el abandono del Estado Colombiano en esas zonas de influencia guerrillera y de conflicto bélico, donde no existía autoridad legal ni legítima que garantizase a los nacionales sus derechos fundamentales; empezaron a aparecer otros grupos armados de diversa naturaleza y origen. Unos ya actuaban desde la clandestinidad y la ilegalidad y otros, provenían de las CONVIVIR que fueron constituidas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados ilegales buscaban neutralizar la acción insurgente que el Estado Colombiano no había podido frenar, por lo que la población civil se convirtió en víctima de un cúmulo de acciones violentas de grandes magnitudes jamás antes vistas por parte de todos los grupos armados ilegales, donde la violación a los derechos humanos era el plato de cada día.

Por revelaciones conocidas tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas, vemos cómo estos grupos paramilitares no actuaban de manera independiente sino en conjunto con las instituciones de defensa del Estado Colombiano.

Es decir, se unieron las fuerzas armadas y de protección del Estado Colombiano con grupos armados ilegales supuestamente para contrarrestar las acciones de los insurgentes; pero esto sólo logró que se incrementasen de manera insospechada las altas tasas de delitos contra la vida, honra y bienes de los nacionales en las zonas rurales de los departamentos de Cesar, La Guajira, Antioquia, Magdalena, Casanare, Tolima y Sucre; donde ya se ha demostrado una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.

Las declaraciones de ex paramilitares y los hallazgos son monstruosos: desplazamientos forzados, robo de tierras, fosas comunes, hornos crematorios, masacres, violación sistemática a nuestras mujeres y niñas, genocidios en diferentes puntos del país y para colmo de males, como la fuerza pública era presionada a mostrar resultados en la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe, aparecen lo que hoy conocemos como “Falsos Positivos”.

Esa unión macabra de algunas fuerzas del Estado con los paramilitares refleja el grado de violencia que se ha vivido en Colombia y la alta degradación de los valores que han permitido traspasar la línea de la legalidad por parte de quienes tienen el deber constitucional de respetar la ley y de proteger a los nacionales. Contrario sensu, la población civil ha sido víctima de un conflicto que lleva ya seis décadas, donde ha estado en medio de diferentes fuerzas a la que se le sumaron algunos organismos del Estado mismo, con actuaciones no sólo poco decorosas, sino también muy reprochables por ser completamente ilegales e ilegítimas, ya que desvirtúan el verdadero fin y deber constitucional del Estado.

Los “Falsos Positivos” son Crímenes de Estado; unos, por parte de la fuerza pública de manera aislada y otros, en asocio con los paramilitares. De manera simultánea a estas atrocidades, hemos vivido el conflicto armado guerrillero, el secuestro y las muertes cometidas por los actores organizados de la violencia, quienes además, también se asociaron con políticos deslegitimando los resultados de los debates electorales que no representaban la verdadera voluntad popular, donde con la imposición de la fuerza de las armas, presionaban y obligaban a la población a votar por los candidatos de su escogencia y donde también se asociaron con gobernantes y funcionarios públicos corruptos para desangrar el erario.

Es decir, que además de la fuerte presencia guerrillera y del daño que su actividad belicosa ocasiona, hemos tenido que convivir con un Congreso ilegítimo tal y como ha declarado en reiteradas ocasiones Mancuso; con gobernantes impuestos por los paramilitares bajo la presión de las ramas. Surge aquí lo que hoy conocemos como “Parapolítica”, donde ya hay varios políticos condenados e investigados por recibir favores de los paramilitares para su elección o por actuar y estar vinculados a sus acciones criminales. Pero la justicia aún no ha llegado al fondo del asunto, ya que aún faltan muchos políticos, periodistas y ciudadanos del común que no han sido mencionados y a quienes aún no se les ha abierto investigación; tal es el caso del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según declaraciones que diese el Padre Francisco de la Roux ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de febrero y que publicase El Espectador, los paramilitares obligaban a votar por él cuando fue candidato a la presidencia en el año 2002.    

Ahora, si al parecer el señor Uribe fue elegido en 2002 bajo la presión de las armas paramilitares, y la reelección fue aprobada por negociaciones que hicieren con algunos congresistas, tal y como se ha develado en el caso de la Yidis-Política, nos surge el interrogante de qué tan legítimo fue su gobierno de ocho años.

De igual forma, nos preguntamos si podemos afirmar que la responsabilidad de la violencia en Colombia sólo ha recaído en cabeza de los grupos armados ilegales, o si por el contrario, también podemos considerar como acciones violentas y originarias de la guerra que vivimos la de quienes sin disparar un solo tiro burlan a la población, imponiéndose como candidatos avalados por los grupos violentos, así como por parte de quienes sin reparo alguno se roban los recursos que le pertenecen al pueblo, generando con ello mayores inequidades, desempleo, hambre, miseria y desolación en la que viven hoy en día el 80% de nuestros connacionales.

Consideramos que todo lo hasta ahora expuesto sí ha contribuido a que, además de la violencia inmisericorde y sin tregua que se ha vivido en las zonas rurales del país, hoy en día, en los cascos urbanos se concentren las mayores desigualdades económicas, políticas y culturales.

Si bien es cierto que las acciones armadas de la guerrilla disminuyeron, también es cierto que se incrementaron las acciones propias del hostigamiento y la confrontación con la fuerza pública. Pero esto es debido a la  diversificación en sus fuentes de financiamiento que los ha llevado a tener mayor capacidad de acción militar y además, a la estrategia que implementó al determinar la Cordillera Oriental como su centro de acción para aislar el país andino y costero del amazónico y llanero y para tener un corredor hacia el interior en caso de ofensivas del ejército.

Ya no es la época de principios de los 90, cuando las FARC profundizaron la confrontación armada tras la experiencia con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que aglutinaba a las FARC, al ELN y a la disidencia del EPL, y tuvieron que reducir las acciones porque perdieron importancia en el terreno militar. Ahora los enfrentamientos con la fuerza pública son diarios y con bajas de ambos lados.

Todo esto nos lleva a pensar en la urgente necesidad de iniciar de una vez por todas un proceso de paz orientado al logro de una paz justa y duradera, que de lograrse, permitiría que los billones de pesos que hoy en día se invierten en la guerra queden disponibles para invertirlos en educación y en la satisfacción de tantas necesidades básicas insatisfechas en la gran mayoría de la población.

Pero resulta que a raíz de las nuevas liberaciones de secuestrados por parte de las FARC y que entregase a Piedad Córdoba a título de desagravio por el injusto fallo de la Procuraduría en su contra, se presentaron obstáculos por parte del representante del gobierno, además del incumplimiento de el protocolo de seguridad, que pusieron intentaron poner en riesgo la liberación de dos de los secuestrados y que pretendían desvirtuar la realidad de lo que ocurrió, poniendo en tela de juicio la labor humanitaria de la Exsenadora y la voluntad de las FARC de cumplir con las liberaciones.

Todo inició con la presencia de la periodista Sugey Rivera en el lugar de la primera liberación, por tener ella vínculo con las Fuerzas Militares. Posteriormente, cuando las FARC decidieron liberar a un secuestrado más, el patrullero Ocampo, el domingo 13 de febrero la misión humanitaria salió en búsqueda de él, del Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, quienes se encontraban en un lugar de la selva colombiana, separados del patrullero.

Cabe resaltar que en la red social Twitter, desde que las FARC anunciaron la liberación de cinco personas en desagravio a Piedad Córdoba, se empezó a fraguar una campaña en contra de Piedad Córdoba, por parte de reconocidos personajes en la red que defienden y promueven las políticas del Expresidente Álvaro Uribe Vélez de forma fanática y obcecada. Desde el mismo instante que el Presidente Juan Manuel Santos aceptó las liberaciones, estas mismas personas, que solamente se identifican con pseudónimos extraños donde intercalan letras con dígitos, comenzaron a atacar al Presidente y a acusarlo de “traidor”.

Ese día no pudieron ser liberados el Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, por diferentes circunstancias: de tiempo, climatológicas, técnicas, por lo accidentado del relieve geográfico de la zona etc., las cuales, Piedad Córdoba expuso claramente en el programa televisivo El Radar. Por tales motivos, ese día sólo pudieron traer a la libertad al patrullero Ocampo. Sin embargo, Colombia entera escuchó al delegado del gobierno, el señor Eduardo Pizarro León Gómez afirmando que las FARC habían incumplido entregando mal las coordenadas donde serían liberados Sanmiguel y Solórzano.

Desde días antes de iniciar las nuevas liberaciones, había manifestado Piedad Córdoba que había voluntad por parte de las FARC de liberar a todos los secuestrados que tenían en su poder antes del mes de junio de este año. Pero ese día también reveló que tenía en su poder una carta de el máximo Jefe de las FARC Alfonso Cano donde proponía “analizar elementos nuevos para la pacificación del país” y que la haría pública.

Inmediatamente dio las declaraciones Eduardo Pizarro, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, habiendo escuchado solamente la versión del inexperto delegado del gobierno, contradijo las declaraciones que el delegado de la Cruz Roja ya había dado a diferentes medios de comunicación en cuanto a una nueva fecha para liberar a los secuestrados, y negó la autorización para éstas liberaciones.

Entre tanto en Twitter, después en los medios de comunicación y en algunas declaraciones del Presidente de la República, nació la hipótesis de que la guerrilla había aprovechado las liberaciones para trasladar a su jefe Alfonso Cano hacia otro lugar más seguro, ya que según ellos, era asediado, perseguido de cerca y estaba próximo a capturarlo el ejército de Colombia.

Obviamente estas temerarias e injustificadas declaraciones y afirmaciones en forma de duda dejaron un ambiente caldeado que en vez de favorecer al mandatario, terminaron en una lluvia de críticas por su aparente “flexibilidad” ante las FARC.

Twitter no fue un escenario aislado, ya que desde ahí el señor Álvaro Uribe atizaba el debate con afirmaciones que ponían en duda la idoneidad del nuevo mandatario para garantizar la seguridad en Colombia, además de recomendar la lectura de una columna de su ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias -quien irónicamente le debe cuentas al país por el millonario detrimento patrimonial del Agro Ingreso seguro bajo su administración- cuestionaba desde su escrito, de manera fuerte e irrespetuosa al Presidente de la República; por lo que el río de críticas crecía por parte de los seguidores de Uribe en la red social.

Uribe azuzaba además a sus seguidores al hacer entrever la posibilidad de que Alfonso Cano se hubiese escapado en los helicópteros brasileros de la misión humanitaria que fue a liberar a los secuestrados, tal y como lo registró la Revista Semana: “En su cuenta de Twitter, Uribe, horas antes, había hecho una pregunta capciosa: "¿Fuga de terrorista Cano, engaño de terroristas Farc?".

También registró la Revista Semana en referencia a los trinos de Uribe en Twitter: “Además, había agregado: "inquietante párrafo de Eduardo Mackenzie", refiriéndose a una columna en la este aseguró que Córdoba llevó el helicóptero destinado a la liberación a un punto en la selva donde supuestamente se reunió con un “destacamento del Frente 21 de las Farc, es decir, de los guardianes de Alfonso Cano””...

El país estuvo en ascuas por más de dos días. Los medios emitían una noticia de la Cruz Roja y Presidencia la desmentía. Piedad Córdoba mantuvo un prudente silencio que dejaba entrever que algo más profundo había en medio de todo esto, y entendió la importancia de respetar de su parte el protocolo de seguridad, donde solamente podía dirigirse a los medios el delegado del gobierno, para que no fuese por ella que se fraguase la posibilidad de que éstas dos liberaciones se concretasen y de devolverlos sanos y salvos al seno de sus hogares tal y como esperaban de ella los familiares. Al final, el Presidente cedió y el día miércoles 16 de febrero se concretaron estas liberaciones, que sumadas a las anteriores, completaron veinte en total, por parte de la gestión humanitaria de Piedad Córdoba.

El Presidente Santos respondió al ex ministro y al país entero el día jueves 17 y viernes 18, afirmando que el Ejército de Colombia le estaba “respirando en la nuca” a Alfonso Cano y descartó además, la posibilidad de cualquier negociación de paz con las FARC en el corto plazo, mientras ésta persistiese en las acciones contra la población civil. Estas declaraciones firmes y ajenas a cualquier sesgo de debilidad calmaron un poco y por pocas horas a los detractores de Piedad Córdoba y a los enemigos de la paz.

Por otro lado, era de conocimiento público también, que una vez finalizasen las liberaciones, se llevaría a cabo, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), del 21 al 23 de febrero, el Seminario “Haciendo la paz en Colombia”, al cual asistirían personalidades del mundo entero a analizar y a construir una propuesta encaminada al logro de una paz justa y duradera para nuestro país.

Entre los participantes de todo el planeta se encuentran tres Premio Nobel de la Paz, representantes de derechos humanos, diputados, ex ministros, dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, senadores, representantes a la cámara, académicos, investigadores, politólogos, periodistas, sociólogos, médicos, antropólogos, psicólogos, ex presidentes, ex comisionados de paz del gobierno de Colombia, ex embajadores, abogados, profesores universitarios y asesores de UNASUR y de la UNESCO, entre otros tantos.

El día viernes 18 de febrero, cuando Piedad Córdoba se dirigía hacia Buenos Aires a terminar con los preparativos del evento y a recibir junto con la misión argentina a todos los asistentes; unos dicen que desde la red social Twitter y otros afirman que fue desde el medio virtual “La silla vacía”, apareció de la nada la noticia de que el ejército, en combate, había dado de baja al jefe de las FARC Alfonso Cano.

La noticia en sí no pasaba de ser una noticia más de las que ya estamos acostumbrados a escuchar en Colombia por el conflicto armado en el que vivimos, máxime cuando el día anterior, el Presidente de la República había declarado públicamente que el Ejército de Colombia tenía cercado al líder guerrillero, por lo que esta afirmación le brindaba asidero a la supuesta chiva periodística de La Silla Vacía y de los twitteros que segundo a segundo la divulgaban desde Twitter. Pero la noticia no resultó ser ni chiva ni siquiera verdadera y se entró nuevamente en un mar de confusión cuando el gobierno ni la ratificaba ni la desmentía. Sólo varias horas después fue desmentida.

En un principio no resultó sospechosa la falsedad de la misma, sino que fue considerado un error garrafal de un medio periodístico serio como La Silla Vacía, que ponía en entredicho su credibilidad al exponerse a emitir una información que no resultaba veraz. Pero desde que se divulgó y transcurridas varias horas, sí fue notorio el efecto e impacto negativo que esa noticia tuvo para el normal inicio del Seminario “Haciendo la paz en Colombia” y que ponía en gran riesgo el desarrollo del mismo.

La supuesta muerte de Alfonso Cano trajo consigo confusión entre los casi sesenta conferencistas y entre centenares de participantes e invitados que participarían en dicho seminario y que se encontraban en diferentes partes del mundo. La noticia se regó como pólvora, no sólo en Colombia sino en el mundo entero, por lo que muchos de los participantes, que se encontraban a punto de abordar un avión desde sus países de origen para dirigirse a Buenos Aires, llamaban a preguntar si se realizaría el evento finalmente o si éste había sido cancelado.

Siendo Alfonso Cano el Jefe Máximo de las FARC, sería entonces él el interlocutor en una eventual mesa de diálogo hacia un proceso de paz. Como fue él quien envió a Piedad Córdoba una propuesta de paz, para los invitados a participar del evento, si él estaba muerto, el seminario no tendría razón de ser por lo que pensaron había sido cancelado.

Al tratarse de una falsa información, surge entonces la pregunta: ¿Fue premeditada la publicación de una noticia, cuya verdadera intención era dañar el evento que Piedad Córdoba llevaría a cabo en Buenos Aires y que convocaba a connotadas personalidades del mundo entero? Con todo lo que le han hecho a Piedad Córdoba, esto no tendría nada de extraño…   

Lo que sí es completamente cierto es que el conflicto armado sigue, que la geografía del conflicto armado en Colombia se ha transformado completamente en las últimas dos décadas. Que si bien antes la guerrilla operaba en zonas rurales, ahora tiene presencia en los centros políticos y administrativos más grandes del país. Que su acción en la confrontación armada se ha expandido notablemente hacia las zonas que le brindan mayor ventaja estratégica en la confrontación. Que se encuentran en los cascos urbanos; y sobre todo, que si existe una verdadera voluntad de paz, no podemos dejarla escapar porque la historia nos la cobraría.

Debemos dejar los egoísmos y las ansias de protagonismo de lado porque el trabajo para el logro de la paz exige del concurso de todos los colombianos. Es innegable el esfuerzo y la incesante labor de Piedad Córdoba por la paz de Colombia, sólo ella ha demostrado su firmeza en este propósito sin descansar un solo día. Ella ha logrado la liberación unilateral de veinte colombianos. Gracias a su gestión, a su tesón y empeño, ha traído a la libertad y a sus hogares a veinte connacionales. Estos resultados respaldan su credibilidad y la posibilidad de que por su intermedio, logremos la paz justa y verdadera que ella reclama y que todos merecemos por derecho propio.

Ella ha dicho: “En éstas y todas las liberaciones el mensaje es muy claro: estamos construyendo paz en Colombia. Creando una conciencia crítica y buscando espacios para la negociación política”. Ella ha pedido al gobierno que la deje negociar con las FARC y asegura que si la respaldan ella dará resultados positivos.

Diferimos del señor Presidente Juan Manuel Santos cuando afirma que sólo él tiene las llaves de la paz. La paz es un derecho y un deber de estricto cumplimiento dice el artículo 22 de la Constitución de Colombia, y si existen posibilidades de lograrla, el Presidente de la República es un servidor del pueblo soberano víctima del conflicto armado, por lo que debe cumplir con el mandato constitucional.

Los medios de comunicación nacionales, a diferencia de los medios internacionales, nada han publicado sobre el importante evento que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, liderado por Piedad Córdoba. Pareciese que venden más y agradan más a nuestros periodistas las noticias de guerra y muerte que las de paz y concordia.

ENLACES:

AUC promovieron candidatura de Uribe, dice padre Francisco de la Roux. http://bit.ly/ePbZVy

Piedad Córdoba revela los detalles de las más recientes liberaciones. http://bit.ly/eyFn0a

¿Dónde está la llave de una negociación entre Gobierno y Farc?. http://bit.ly/iblccV

"A Cano le estamos respirando en la nuca", le aseguró Santos a Arias. http://bit.ly/gs8xsx

Santos asegura que a 'Alfonso Cano' le están "respirando en la nuca". http://bit.ly/gu7BEF

Santos: La puerta para el diálogo por la paz está cerrada. http://bit.ly/hyBhF4

En Buenos Aires, por la paz en Colombia. http://bit.ly/fdbcQG

En Twitter mataron a 'Alfonso Cano'. http://bit.ly/h1GfOM

Rumores sobre muerte de Cano invaden internet. http://bit.ly/e5yXoT

Este viernes ‘Alfonso Cano’, máximo cabecilla de las Farc, fue abatido en twitter, según El Espectador. http://bit.ly/ieYxGM

Crecen los rumores sobre supuesta baja de Alfonso Cano. http://bit.ly/ecEONP

Confirmado: Alfonso Cano fue dado de baja. http://bit.ly/dQvtyL

Presidencia desmiente a La Silla Vacía. http://bit.ly/i3mJmy

'Si 'Cano' no está muerto sería un duro golpe para La Silla Vacía': Juanita León. http://bit.ly/ekLjSU

Piedad Córdoba le pide al gobierno que la deje negociar con las Farc. http://bit.ly/i2gv1q

 Alfonso Cano muerto en Colombia y vivo en Buenos Aires. http://bit.ly/eeVBbY

Liberaciones unilaterales de seis secuestrados por parte de las FARC

Las FARC decidieron liberar, de manera unilateral a cinco secuestrados en desagravio a la destituida e inhabilitada Senadora piedad Córdoba Ruíz, por considerar que se cometió una injusticia por parte del Procurador General de la Nación, ya que el único vínculo que ella ha podido tener con ellos ha sido de forma oficial, en representación y autorizada por el gobierno para la liberación de retenidos y en su incesante lucha por la paz de Colombia.

Es así como en tres operativos diferentes entregarían al Concejal Marcos Baquero, al Concejal Armando Acuña, al Infante de Marina Henry López Martínez, al Mayor de la Policía Guillermo Solórzano y al Cabo del Ejército Salín Antonio San Miguel Valderrama.

Pese a que inicialmente hablaron de cinco liberaciones, decidieron hacer una sexta liberación en el último contingente de la operación, y es así como regresa a su hogar el Patrullero Carlos Alberto Ocampo.

Pero como ya hemos explicado en otras ocasiones que estas y todas las liberaciones que han tenido lugar de manera unilateral, tienen un proceso y unos protocolos que han sido previamente redactados por el gobierno nacional y aprobados por las partes intervinientes, que deben ser respetados, porque en el evento de no hacerse, se podría generar no sólo que se fragüen las liberaciones, sino también que se pierda la confianza que podrían tener las Farc en Piedad Córdoba, y también podrían poner en gran peligro la vida de quienes intervienen en ellas.

La noticia de las liberaciones no es nueva y posiblemente ahora sólo resulte llamativa a los familiares de quienes han sido privados de su libertad y a quienes trabajan diariamente por una salida pacífica al conflicto armado. Pero sí hay algo que ha ocurrido en varias de ellas, y ha sido la violación de dichos protocolos de seguridad.

Piedad Córdoba, por razones que sólo ella podría argumentar no entrega las coordenadas donde serán liberados los retenidos al gobierno nacional. Solamente lo hace al piloto de la Comisión brasilera que hace acompañamientos a las mismas, una vez se encuentran a determinada altura. Aún así, en algunas ocasiones aviones de la Fuerza Aérea han sobrevolado muy cerca en el momento exacto de las liberaciones y dentro del espacio aéreo determinado en los protocolos como prohibidos. En otros casos el Ejército no ha cesado los bombardeos y han estado a diez minutos del lugar de las liberaciones y en ésta ocasión, la protagonista en la violación de los protocolos no es ni más ni menos que una periodista de las Fuerzas Militares que se infiltró entre la población vecina y transmitió para un canal de televisión en vivo.

Se trata de Sugey Rivera, quien pese a haber negado su vínculo con las Fuerzas Militares, eso ya ha sido plenamente confirmado. Hay una gran similitud de ésta situación con el caso que expone el trabajo de investigación de Patricia Gómez cuando un periodista le reconoce:

“Hay periodistas que en las zonas de orden público pierden totalmente el rumbo de la profesión y acaban poniéndose al servicio total de su fuente. Hace unos días, un oficial del ejército necesitaba llegar hasta un lugar donde se había descubierto un campo minado. Como sabía que en el camino se podía encontrar con la guerrilla y no disponía de la seguridad necesaria, le dijo a un colega que lo llevara y que él se hacía pasar como su auxiliar de cámara. Y lo hizo”

Que un periodista llegue en el momento preciso y al lugar exacto donde se va a dar una noticia hace parte del ejercicio de su profesión. Pero las liberaciones no son una situación normal dentro del conflicto y por ello se aprueba por parte del gobierno nacional, por parte de la Cruz Roja y por parte de la guerrilla un protocolo de seguridad que es de estricto cumplimiento. Cualquier violación del mismo puede dar al traste con todo el operativo y por ello se hacen públicos, para que todos sepan a qué se comprometió el gobierno para que todo se realice sin contratiempos ni inconvenientes.

Si se tratase de una corresponsal que solamente trabajase con un medio y que logró llegar al lugar resultaría cuestionable éticamente porque los demás medios y colegas respetaron el protocolo sacrificando con ello la primicia. Pero se trata de una corresponsal que no sólo trabaja con un canal de televisión sino con las Fuerzas Militares de Colombia, por lo que se trataba de un trabajo de inteligencia militar enmascarado en el ejercicio de la profesión de periodista, que puso en riesgo la vida de los secuestrados, de los intermediadores y de la población misma.

En medio de un conflicto interno que lleva sesenta años, los periodistas se someten a actuar en contra de un periodismo ético y solidario, admitiendo la censura, desinformando, no siendo objetivos e imparciales, satisfaciendo los requerimientos de sus jefes, del gobierno, de políticos, de empresarios, de quienes pautan con ellos, de las instituciones oficiales y ahora hasta para servir de infiltrados se prestan.

Ahora, cabe preguntarnos de qué forma obtuvo las Fuerzas Militares las coordenadas exactas de la liberación del Concejal Marcos Baquero para que la periodista Sugey Rivera se encontrase en el lugar exacto cuando el helicóptero aterrizó con la Comisión Humanitaria a quien le sería entregado el concejal; cuando es de público conocimiento que Piedad Córdoba sólo entrega las coordenadas al piloto del helicóptero una vez están en el aire. La respuesta exacta solamente la tendrán ellos, pero por deducción lógica nos atrevemos a contemplar dos posibilidades únicas para nosotros: o bien entre el grupo de personas que rodea a Piedad córdoba tienen a otro infiltrado, o el medio de comunicación entre ella y la guerrilla está chuzado y no es confiable para garantizar un proceso de liberaciones sin inconvenientes como el que se presentó el miércoles 9 de febrero.

Sea como fuere, es reprochable desde todo punto de vista la posición de ventaja que tomó la periodista Sugey Rivera en lo que a la profesión se refiere, así como es reprochable la violación del protocolo de seguridad por parte de las Fuerzas Militares al utilizar a esta mujer para que hiciese tomas del lugar de las liberaciones y de quienes entregaban a los secuestrados. Fue mucho lo que se puso en riesgo con ello y desde ningún punto de vista resulta ético.

Actuar en contra de la ética, la decencia y las buenas costumbres es actuar de manera indigna, no sólo hacia sí mismo como ser humano y como profesional, sino afectando con ello la sana competencia, la profesión, a los colegas y a la sociedad colombiana. El periodismo es una profesión que exige de seriedad y respeto. Respeto ante todo a la ciudadanía a la que se deben, respeto a las autoridades y a los acontecimientos que a todos afecten.

NO SE DEJE ENGAÑAR MÁS. LEA AQUÍ LA VERDAD SOBRE EL DEBATE DE LOS CONCEJALES DE VALLEDUPAR POR LOS SUBSIDIOS A ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO…

Esta semana se ha generado una polémica entre los diecinueve (19) concejales del Municipio de Valledupar por el Proyecto de Acuerdo N° 01 de 2011 cuyo objeto es el subsidio en acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 de la Ciudad de Valledupar, en Convenio suscrito con la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.

Pero este “debate político”, porque es político; no es más que un oportuno caballito de batalla en etapa preelectoral y prueba fehaciente de la ineptitud, negligencia e intereses oscuros de los actuales concejales, quienes apenas ahora, tras tres (3) años de complacencias y cuestionamientos, se acuerdan que existe un electorado al que deben cautivar porque serán nuevamente candidatos en las elecciones del próximo mes de octubre. De ahí que se apropien de un tema tan popular como lo es un subsidio, porque eso atrae votantes y normal que mientan porque eso es lo que da votos.

Buscan con ello la amnesia colectiva que sistemáticamente recae en la población cuando el último año del período constitucional los servidores públicos “hacen algo” que borra del disco duro de cada votante todo lo que no hicieron y todo lo que hicieron durante los años anteriores como servidores del pueblo, escogidos por el pueblo soberano. Y si analizamos bien, de paso el temita les puede resultar útil para minimizar las investigaciones que contra ellos hay en la Procuraduría; y por qué no, para callar los miles de comentarios y anécdotas que suenan en las calles y corrillos políticos de la ciudad sobre sus reiteradas non sanctas acciones y que son también, la comidilla de algunos medios que mencionan todo lo que en esa corporación edilicia ha sucedido desde enero de 2008, fecha en la cual se posesionaron, hasta el día de hoy.

Estas son las situaciones que me motivan a informar a la ciudadanía, porque ni somos tan estúpidos como este tipo de politiqueros nos creen, ni ellos son tan inteligentes como creen serlo. Y les aseguro que por estos lares el disco duro no se resetea tan fácilmente…  

Los honorables concejales nos están mintiendo, nos siguen mintiendo; unos por acción y otros por omisión. Y lo decimos con conocimiento de causa porque esta álgida situación la detectamos en su momento e intentamos prevenirla abriéndole oportunamente los ojos a la comunidad vallenata y a las autoridades; por ello la denunciamos públicamente en Maravilla Informa y además la demandamos ante un juzgado, pero desde hace más de ocho (8) meses, aún no hemos obtenido respuesta del señor juez y como siempre, la población no quiso abrir sus ojos. Por eso les digo, ¡pónganse las gafas! porque definitivamente no hay nada que el tiempo no muestre...

Ver hoy a un concejo dividido y posando a los concejales de angelitos bienintencionados y preocupados por el bienestar general y sobre todo por las clases menos favorecidas, armando revuelo sobre un tema que conocen perfectamente -porque en éste escrito les demostraré que todos ellos sabían que esto ocurriría cuando aprobaron otro proyecto de acuerdo- y que pese a que pudieron evitarlo prefirieron ser cómplices, sólo indica que se trata de protagonismos políticos preelectorales, no busque más porque es sólo eso y ya entenderán por qué:

De los ingresos que recibe el Municipio de Valledupar del Sistema General de Participación (SGP), el 5.6% debe destinarse a agua potable y saneamiento básico, bien sea para subsidios o para obras civiles.

El 30 de mayo de 2006, los concejales de ese entonces, donde cabe resaltar se encontraban varios de los que actualmente lo son; aprobaron el Acuerdo Municipal N° 011 que autorizaba al  Alcalde de Valledupar para suscribir un contrato con la empresa EMDUPAR S.A E.S.P., cuyo objeto fue asegurar las transferencias del Municipio de Valledupar a la empresa, de los recursos destinados a otorgar subsidios. Es decir, una porción de ese 5.6% del SGP se destinó para los subsidios de agua potable y saneamiento básico para los estratos 1, 2 y 3 en diferentes proporciones.

Posteriormente, TODOS los concejales que hoy conforman el concejo -porque el primero de enero de 2008 inició el presente  período constitucional- aprobaron el día 12 de septiembre de 2008 el Acuerdo Municipal N° 013, el cual autorizaba al Alcalde del Municipio de Valledupar para suscribir una modificación al contrato celebrado con la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., y ajustar el valor de los subsidios para el año 2008. En esa época el alcalde era el señor Rubén Alfredo Carvajal Riveira.

Cabe resaltar y es MUY IMPORTANTE que la ciudadanía sepa que éste Acuerdo N° 013 de 2008 goza de plena vigencia jurídica y que no ha sido ni modificado ni derogado por el cuerpo colegiado, por lo tanto, nos mienten cuando quieren hacer creer a la población de Valledupar que el subsidio está en peligro de no ser otorgado a los estratos que corresponde.

Pero resulta que el 16 de abril de 2010, LOS MISMOS CONCEJALES que aprobaron el Acuerdo 013 de 2008: CÉSAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA, JAIME EDUARDO BORNACELLY FIGUEROA, JORGE ELIÉCER CANALES MEDINA, WISAN HASAN FARAJ OBREGÓN, FREDDYS ALBERTO GÁMEZ LOBO, JHON JAIRO GIL ROJAS, GUSTAVO ADOLFO GUERRA AÑEZ, FABIÁN ALBERTO HERNÁNDEZ IGIRIO, WILBER JOSÉ HINOJOSA ARIAS, PEDRO VENANCIO MANJARRÉZ CABANA, GUSTAVO ALFONSO MÁRQUEZ DAZA, ÁNGEL ANTONIO MONTAÑO BARÓN, GABRIEL MUVDI ARANGUENA, WALTER ENRIQUE OÑATE CORREA, ÁLVARO JOSÉ ROSADO QUINTERO, YESITH TRIANA AMAYA y FABIOLA YINETH ZULETA BARROS aprobaron el Acuerdo 004 de 2010 cuyo objeto es comprometer vigencias futuras por 20 años del 75% del Sistema General de Participación (SGP) correspondiente a agua potable y saneamiento básico.

Es decir, que mediante el Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010 los honorables concejales aprobaron comprometer por 20 largos años los mismos recursos que ya habían comprometido mediante el Acuerdo 013 de 2008 para los subsidios de agua potable y saneamiento básico de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Valledupar. Cuánta inteligencia por parte de nuestros honorables concejales, una sola plata para dos fines diferentes…

Ya creado el “problema” en algún momento tenía que salir a la luz pública, y ahora que ya no tienen cómo ocultarlo, nos quieren hacer creer que se trata de un nuevo proyecto de acuerdo cuando el objeto es idéntico. Y le han dado este manejo ante los medios y ante la opinión pública, porque decirnos la verdad sería reconocer de qué forma desleal y aparentemente dolosa actuaron en contra de los contribuyentes que somos los mismos votantes que ahora pretenden cautivar, es decir, nos creen muy estúpidos.

Obviamente que estos recursos no podían alcanzar para los subsidios y para el pago de un crédito, porque inmediatamente fue aprobado el Acuerdo N° 004 de abril de 2010 el municipio adquirió un crédito por valor de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($37.650.000.000) que supuestamente serían invertidos en la zona rural del Municipio de Valledupar.

El Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010 fue aprobado por los honorables concejales de forma irregular por lo siguiente:

a)    Los proyectos de acuerdo deben ser presentados por la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL al CONCEJO MUNICIPAL con los soportes financieros, técnicos y jurídicos de rigor  para su aprobación, de lo contrario, deberán devolverse a la oficina de origen para ser subsanados, tal como consta en el Acuerdo N° 033 del 2008, artículo 69, Reglamento Interno del Concejo Municipal de Valledupar, situación que no ocurrió, ya que los honorables concejales le dieron los respectivos debates y lo aprobaron, sin regresarlo a la administración municipal y sin tener a su vista o exigir ningún estudio financiero, técnico y jurídico  de los proyectos u obras civiles a ejecutar, tanto en el sector urbano como en el rural, y sin saber siquiera en cuáles corregimientos y zonas o comunas urbanas ejecutarían los mismos, así como tampoco conocían cuáles serían sus costos, de manera individualizada, así como globalizada.

b)   Pero además, el Proyecto de Acuerdo o exposición de motivos presentado por la administración municipal en cabeza del señor alcalde al CONCEJO MUNICIPAL  para pignorar el 75% de los recursos del Sistema General de Participación (SGP), rubro de Agua Potable y Saneamiento Básico a veinte (20) años, y de poder realizar operación de crédito por TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($37.650.000.000.00), encargo fiduciario y patrimonios autónomos; no fue ni siquiera consultado y por lo tanto, tampoco fue avalado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial como entidad encargada y superior para éste tipo de asuntos.

c)    De manera muy generosa y solidaria, los honorables concejales mediante el ACUERDO MUNICIPAL NO 004 DEL 16 DE ABRIL DE 2010 le brindan al señor alcalde facultades desmedidas donde el mismo CONCEJO MUNICIPAL se auto limita el control político que debe ejercer sobre la administración municipal según mandato constitucional. Entre estas atribuciones que le ofrecen, están la de poder pignorar o dar en prenda el 75% de los recursos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a Veinte  (20) años, y realizar operaciones de crédito público, encargo fiduciario y constitución de patrimonios autónomos sin límite de cuantía alguna.

El crédito fue pactado a una tasa de interés del 11% efectiva anual y de acuerdo a la comunicación de fecha 02 de Junio de 2010, suscrita por la Doctora CRISTINA BASTO BELTRAN Directora de Gestión de Negocios Fiduciarios de la entidad Alianza Fiduciaria y dirigida al señor Alcalde de Valledupar, donde se le notifica al Municipio de Valledupar el desembolso, se evidencias varias cosas:

a)  El Crédito aprobado por ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISO GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA 2008-1, fue por valor en pesos de TREINTA Y SEIS MIL SETENCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($36.765.376.531).

b)   Los cuatro primeros años del crédito, del 2011 al 2014 no generan pago de amortización a capital, es sólo para pago de intereses.

c)    El plazo del préstamo son diecinueve (19) años

d)   La tasa de interés es del once por ciento (11%) efectiva anual.

e)   Como está planteado el contrato de empréstito no permite en ningún periodo de la duración del mismo realizar abonos o prepagos al capital, obligando al Municipio de Valledupar a cancelar siempre el crédito a cuotas, a largo plazo y con altos intereses.

Así que además de lo oneroso y poco ventajoso para nosotros los contribuyentes, ya que el Municipio de Valledupar deberá pagar todos los 15 de diciembre de cada año, por 20 largos años aproximadamente CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.044.000.000) solamente de intereses sin poder realizar pagos anticipados siquiera, nos ratificamos cuando afirmamos que el Acuerdo 004 de abril de 2010 fue aprobado por los honorables concejales de forma irregular, ya que va en contra del Acuerdo Municipal N° 025 del 2008 o “Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Valledupar” que fue sustentado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Normas orgánicas en materia de Presupuesto”, y que dice su artículo 5 de forma literal:

“ARTICULO 5. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS - En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

La Secretaría de Hacienda, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Concejo Municipal, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Concejo.

Los proyectos de Acuerdo de iniciativa del Alcalde, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gastos o aumento de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la respectiva Secretaría de Hacienda”.

Así las cosas, vemos cómo el Acuerdo Municipal No. 004 del 2010 requería de un estudio de impacto o costo fiscal en el presupuesto del Municipio de Valledupar y esto debió incluirse en el proyecto de acuerdo o exposición de motivos, situación que no ocurrió como se puede comprobar al observar el proyecto de acuerdo en mención y que tampoco fue exigido por los honorables concejales.

El Acuerdo  Municipal No 004 de 2010, dice textualmente en su título:

“Acuerdo No. 004 del 16 de abril de 2010, autorizo al alcalde del Municipio de Valledupar, para comprometer un porcentaje de los recursos del sistema general de participación para el sector de agua potable y saneamiento básico a través de la pignoración del flujo de caja de esos mismos recursos, correspondientes a las próximas 20 vigencias fiscales a partir del año 2010, operaciones de crédito público y asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para asegurar la financiación y ejecución de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico mediante encargo fiduciario y patrimonio autónomo y se otorgan facultades pro tempore”.

Y si en el contenido de todo el Acuerdo se establece que son vigencias fiscales a partir del año 2010, entonces, ¿con cargo a qué tipo de vigencias futuras fue que el CONCEJO MUNICIPAL de Valledupar le otorgó facultades al Alcalde de Valledupar?  ¿Ordinarias o excepcionales?

Y si EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR a través del Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010 facultó al alcalde para pignorar el 75% de los recursos del rubro de Agua Potable y Saneamiento Básico  a veinte (20) años; ¿con cuáles recursos, de qué forma o cómo pensaban se daría cumplimiento al objeto de los Acuerdos 011 del 30 de Mayo de 2006 y 013 del 12 de Septiembre de 2008?

No olvidemos que varios concejales son repitentes y que TODOS los actuales aprobaron la modificación del Acuerdo 011 de 2006 al aprobar el Acuerdo 013 del 12 de Septiembre de 2008, así que ni aunque la ley se los permitiese podrían aducir desconocimiento de los mismos, por lo que el show que pretenden montar ahora ante los medios y ante la población de Valledupar sólo muestra la mala fe con la que actuaron.

Por otro lado, en el proyecto de acuerdo o exposición de motivos presentado por el Alcalde de Valledupar al CONCEJO MUNICIPAL y suscrito por él mismo, afirma con relación a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 de manera textual lo siguiente: “es preciso mencionar que nuestro municipio se encuentra a paz y salvo por este concepto con la empresa  EMDUPAR S.A. E.S.P.”.

Esto se debe a una solicitud expresa que hiciere el Ministerio de Hacienda para autorizar el empréstito, donde había una exigencia “sine qua non” como requisito previo y que consistía en la necesidad de presentar por parte del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR un paz y salvo que debía ser emitido por EMDUPAR, donde certificase que el Municipio de Valledupar no debía nada a EMDUPAR. Así que esto representa otra prueba de que los honorables concejales no ignoraban el convenio suscrito con EMDUPAR para los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 con ESOS MISMOS RECURSOS que estaban aprobando fuesen destinados en otro objeto.

Como no hemos tenido acceso a ese supuesto  “Paz y Salvo” que debió ser presentado al Concejo Municipal para la aprobación del Acuerdo 004 de 2010, obviamente no podemos constatar lo que vamos a decir como nos gusta hacerlo y como efectivamente lo hacemos siempre, pero confiando en la palabra del concejal que nos informó, repetimos sus palabras: “el paz y salvo no fue expedido por EMDUPAR sino por el mismo alcalde y él no estaba facultado para ello, por lo que hay una falsedad en documento público”. Nos dijo también, que además, el gerente de EMDUPAR no podía emitir dicho paz y salvo sencillamente porque de los CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.200.000.000) facturados durante el año 2010 por concepto de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 por los servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio tan sólo había cancelado TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000), por lo que el paz y salvo, además de ser falso por quien lo emitió, “es falso en su contenido”.

Como anécdota narro lo siguiente: El día que vino el señor Procurador General de la Nación a la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, éste honorable concejal me pidió con mucho ahínco que asistiese para que denunciase yo todo esto ante él y en ese escenario donde estarían grandes personalidades. Pero una cosa piensa el burro y otro el que lo ensilla, así que en mi incesante necesidad de “probar” a los seres humanos que se creen más inteligentes y honorables que uno, mi respuesta fue: “Lo que yo sé lo sé por ti, las pruebas que tengo, en gran parte me las diste tú, tú eres candidato, así que denúncialo tú y así demuestras lo buen ciudadano, lo buen servidor público y lo buen candidato que eres al pueblo de Valledupar; es tu oportunidad de lucirte”…

Obviamente no lo hizo, por eso no votaré por él, porque no me gustan las personas con doble moral que quieren quedar siempre bien con Dios y con el diablo y que creen que pueden manipular y utilizar a los demás para obtener dividendos o beneficios particulares. No es, éste honorable concejal en definitiva, ni buen ciudadano, ni buen servidor público ni buen candidato, y éste no es el tipo de personalidades que exige y requiere nuestro municipio… No está bien usar a varias personas para que impetren una misma acción popular, brindando toda la información que posee por el ejercicio de su cargo, cuando es su deber como servidor público hacerlo él mismo y por los conductos regulares, so pena de ser acusado de omitir las obligaciones con las que lo reviste la ley. No me gusta la gente cobarde…

Volviendo al tema, si esto es así y si el poco valiente concejal que me informó (a mí, más no al pueblo) está en lo cierto, el municipio no estaba a paz y salvo con EMDUPAR cuando los honorables concejales aprobaron el Acuerdo 004 el 16 de abril de 2010 y por lo tanto, los honorables concejales no ejercieron el control que les ordena la Constitución y la ley, por lo que habrían incumplido sus deberes y las funciones para las cuales fueron elegidos, porque de haberlo hecho, el acuerdo en mención no hubiese sido aprobado.

Recordemos que cuando todo esto ocurrió renunciaron a sus cargos el gerente de entonces, Dr. ALBERTO JOSÉ DAZA LEMUS, a quien se supo por los medios de comunicación, le hicieron un complot de descrédito cuando le cerraban las llaves de paso ocasionando con ello que toda la población de Valledupar estuviese por varios días sin servicio de agua, y por ende, mostrando con ello que el gerente no era idóneo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y reflejando que “el fin justifica los medios”, violentando con ello los derechos de la población.

Y coincide también con la renuncia de su Director Comercial, DOCTOR OSVALDO BERNAL y de quien fuese la gerente que reemplazó a Daza lemus, la DOCTORA ROSA COTES, quien fue reemplazada finalmente por el Doctor EDUARDO BECERRA BLANCO, quien hoy reclama a los concejales.

Coincide también con la fecha cuando en diferentes escenarios de la ciudad se comentaba sobre un supuesto “Plan Carrasquilla” que generó la molestia de muchos ingenieros, ya que al parecer, algunos concejales estarían direccionando todo hacia un personaje muy conocido de la vida pública nacional que desde la fría capital estaba organizando todo para la inversión de los TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($37.650.000.000.00). Según el “honorable concejal informante”, las renuncias se debieron a que estos funcionarios se negaron a emitir el paz y salvo necesario para la aprobación del Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010.

EL ACUERDO 004 DEL 16 DE ABRIL DE 2010 CUYO PROPONENTE FUE EL HONORABLE CONCEJAL CÉSAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA

FUE APROBADO DE MANERA IRREGULAR

De la lectura del Acuerdo Municipal No 004 del 16 de abril 2010 se desprende claramente que fue aprobado un día viernes y que sin embargo, violando el artículo 82 del Acuerdo N° 33 del 2008 -Reglamento Interno del Concejo Municipal de Valledupar- fue publicado en la Gaceta el día martes 20 de Abril de 2010, fecha en la cual también el acuerdo fue sancionado por el Alcalde de Valledupar, violando con ello la norma cuyo texto dice:

“ARTICULO 82º PUBLICACIÓN Y VIGENCIA. Sancionado un acuerdo, para los efectos de su promulgación, será publicado dentro de los diez (10) días siguientes en el respectivo diario o gaceta si los hubiere, o en una emisora local o regional. El acuerdo regirá a partir de su sanción y publicación, salvo que se disponga lo contrario.

PARÁGRAFO. Los acuerdos debidamente expedidos y sancionados se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación, con posterioridad si determinadas disposiciones del mismo estuvieren condicionadas a reglamentaciones de la plenaria”.

Esto nos lleva a preguntarmos: ¿Cuál era la prisa que tenían los honorables concejales del Municipio de Valledupar en aquél entonces -cuando todo lo aprobaban a pupitrazo limpio- para sancionar y publicar de manera prematura el acuerdo que originó lo que hoy quieren hacernos creer desconocían? Y ¿Cuál era el inocultable interés del proponente, honorabilísimo concejal foráneo CÉSAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA?

Esta pregunta toma mayor fuerza al saber que en tiempo récord, el día viernes 14 de mayo de 2010, recién pasados dieciocho (18) días hábiles desde su publicación, el crédito de los TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($37.650.000.000) estaba ya en las arcas del municipio, mostrándonos que ahí sí fueron todos muy diligentes para empeñar al municipio, pero más asidero toma nuestra pregunta cuando sabemos que desde que el desembolso se hizo efectivo por parte del banco, han transcurrido hasta la fecha nueve (9) meses pasados, ocasionando unos intereses de aproximadamente TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000) mensuales, sin que dicho capital haya sido aún invertido.

Esto obviamente ha generado el pago de unos intereses aproximados a los TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($3.240.000.000), sin que se haya iniciado una sola obra de las prometidas, ocasionando con ello un perjuicio para las comunidades y un detrimento patrimonial al municipio injustificado…

Por otro lado, de acuerdo a certificación emitida por el Jefe de Oficina Asesora de, del Plan de Desarrollo Municipal “Resultados con Seguridad 2010 – 2011”, se tenía presupuestado para el Subprograma de Agua Potable y Saneamiento Básico una inversión para la vigencia de 2010 de SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.500.000.000.00).

Si la administración municipal, adicional a los recursos antes establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, contaba dentro de su presupuesto municipal con ingresos corrientes de libre destinación o del propósito general; ¿por qué no se utilizaron estos dineros para ejecutar las obras de acueductos en las zonas corregimentales y algunas inversiones en la planta de tratamiento y redes de EMDUPAR S.A. E.S.P.?, o ¿por qué no se gestionaron recursos ante el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para realizar estas obras a las comunidades corregimentales y a la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.?, o en su defecto, ¿por qué la administración municipal no hizo el ejercicio de incluirse dentro del Plan Departamental de Aguas del Cesar para conseguir estas inversiones de por sí a un menor costo financiero que la banca privada?

No entendemos la maroma de re-comprometer en un 75% y por veinte (20) años “el ya comprometido” rubro de agua potable y saneamiento básico del SGP por pago de subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para la realización de otras obras. Estos recursos ya habían sido asignados y asegurados por el mismo Concejo Municipal para el pago de dichos subsidios. Los recursos del SGP son de destinación específica y en éste rubro, solamente pueden ser invertidos en infraestructura y subsidios en los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo; entonces si ya están doblemente comprometidos, ¿Cómo pretendían el señor alcalde y los HONORABLES CONCEJALES  que el Municipio de Valledupar durante los próximos veinte (20) no tenga con qué invertir en éste rubro en zonas del municipio, tanto urbanas como rurales que carecen de estos servicios básicos? y ¿Cómo pensaron se pagaría, con el mismo recurso financiero y de manera simultánea el subsidio de los estratos 1, 2 y 3 a EMDUPAR y el oneroso empréstito con sus respectivos onerosos intereses? ¿Será que los HONORABLES CONCEJALES pensaron que si comprometían todos los ingresos presentes y futuros, mediante la aprobación de vigencias futuras por décadas, los próximos alcaldes de Valledupar estarían de manos amarradas solamente generando ingresos para poder pagar el empeño en el que tienen al municipio y sin que durante ese tiempo se vea desarrollo en Valledupar?

No pensaron en nada, se limitaron a dejarse llevar por coaliciones e intereses políticos y por sus bajos instintos y pasiones… ahí no se acordaron de la ciudadanía y menos aún de los estratos 1, 2 y 3…

Además, la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., a lo largo de su historia ha realizado obras civiles de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas y rural con recursos del Municipio de Valledupar, aportando sus conocimientos técnicos y experiencia en el sector; pero los recursos que aporta el ente territorial son recursos propios del Municipio para tales fines, de conformidad con los Planes de Desarrollo y de Gobierno Municipal. Entonces nos preguntamos ¿De dónde está la administración municipal tomando los recursos para ejecutar estas obras? ¿De los recursos  asignados y asegurados por acuerdos municipales para cubrir los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de la población vulnerable de la Ciudad de Valledupar?

Ahora bien, la Alcaldía de Valledupar, tal y como han manifestado públicamente  algunos concejales y funcionarios de la misma administración municipal (Columna del Diario el Pilón de fecha 29 de Julio de 2010), pretenden a través de un nuevo Convenio Interadministrativo entregar el valor del empréstito, es decir la suma de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($37.650.000.000),  a EMDUPAR S.A. E.S.P., para que sea ésta empresa  la que realice la contratación de los proyectos u obras civiles a ejecutar de conformidad a su manual interno de contratación, el cual se rige por el derecho privado, de conformidad a la Ley 142 de 1994 sobre Servicios Públicos Domiciliarios.

Vemos aquí, sumando y conjugando todo lo hasta ahora expuesto, que hay una clara intención de evadir la Ley 80 o Ley de Contratación Estatal, ya que con todos los antecedentes ya conocidos, no vemos en estos acuerdos interadministrativos la transparencia suficiente para administrar adecuadamente estos cuantiosos recursos, máxime cuando los gerentes de EMDUPAR S.A. E.S.P., son designados por el mismo alcalde, ya que los miembros de la Junta Directiva de EMDUPAR, a excepción del señor gobernador, son sus subordinados y esto es un hecho notorio conocido por todos los vallenatos.

Y si sumado a todo esto analizamos en profundidad los comentarios sobre el ya conocido entre los ingenieros y funcionarios de EMDUPAR “Plan Carrasquilla”, ¿Podremos afirmar que ya esos dineros del empréstito tienen beneficiario con nombre propio, y que la demora para ejecutarlos se deba a coordinaciones de último momento que ha llevado a la abrupta renuncia de dos gerentes en un lapso de tres meses y que ha dilatado la inversión? ¿Será que tanta permisividad y afán por parte de los honorables concejales para aprobar y publicar el Acuerdo 004 de 2010 y tanta prisa por obtener los recursos por parte de la administración se deba a un contubernio entre estos servidores públicos?

De conformidad a la información dada por la Administración Municipal en los debates ante el Concejo Municipal las obras a ejecutar son la construcción de seis (6) acueductos en la zona corregimental y optimización de otros cuatro (4); adicional a ello obras de modernización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EMDUPAR S.A. E.S.P., y reposición y ampliación de redes, así como la sectorización hidráulica y construcción del colector oriental de la comuna N° 2 de Valledupar; entonces realmente la inversión en la empresa es mínima en comparación con la zona corregimental, donde reiteramos EMDUPAR S.A. E.S.P., no recibiría compensación alguna por esas obras, pero a su vez tampoco con las obras a ejecutar se soluciona el problema de fondo de la empresa.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que los dineros que ingresan a EMDUPAR S.A. E.SP., para la ejecución de los proyectos civiles de acueductos en las zonas corregimentales y algunas inversiones en la planta de tratamiento y redes de EMDUPAR S.A E.S.P., corresponden en gran medida a los ya asegurados por el Concejo Municipal para el pago de subsidios, al ser ejecutados estos proyectos tal como se pretenden desarrollar,  no representarían para esta empresa retribución o compensación alguna, toda vez que el objeto social de la misma sólo se limita al servicio de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de la Ciudad de Valledupar, y a cambio el usuario recibe en su domicilio una factura de pago por la prestación de estos servicios, que es en últimas, la contraprestación que recibe la empresa para su continuidad y sostenibilidad.

Pero la inversión que EMDUPAR S.A. E.S.P., realice en la zona corregimental de Valledupar no genera para la empresa utilidad o contraprestación alguna; entonces lo que la administración municipal pretende realizar es utilizar unos recursos que hacen parte de los subsidios y que son  de EMDUPAR S.A. E.S.P. y que a la fecha supuestamente se adeudan, para ejecutar unas obras que no generarán para la empresa ninguna utilidad, excepto las obras que se pretenden realizar en la Planta de Tratamiento de Agua Potable y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con lo cual no se soluciona de fondo la problemática que hoy atraviesa esta empresa de iliquidez, deficiencia, rezago  y alta carga laboral, lo que si se logra es dispersar la inversión de unos recursos ya comprometidos  en varias obras, que finalmente no solucionarán ni la problemática en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la Capital del Departamento ni en su zona corregimental.

Fue un hecho demasiado evidente y  notorio la manera tan parcializada y sesgada como el CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR llevo a cabo el debate sobre los alcances del Acuerdo Municipal N° 004 de 2010, originado por proposición realizada por el Sindicato de EMDUPAR S.A. E.S.P., el día 13 de Julio de 2010, convirtiéndose en una pugna irrespetuosa de los concejales que aprobaron el acuerdo contra los que votaron negativo, quienes también vale la pena mencionar, pese a tener conocimiento de todo esto no fueron capaces de informar claramente a la ciudadanía de lo que se estaba fraguando.

Hubo, como siempre, porque pareciera que los honorables concejales desconocen los derechos de la ciudadanía; una clara  limitación de la participación de la comunidad que se encontraba en la barra y el conocimiento público realizado por el señor HUMBERTO BENAVIDES de la Oficina de Presupuesto Municipal que los dineros del empréstito se encontraban desde el 14 de Mayo de 2010 en una cuenta de Municipio de Valledupar del Banco BBVA, generando unos altos intereses y sin ser invertidos aún, reflejando con ello una clara falta de planeación, posiblemente debido a la inexistencia y no realización previa de los estudios financieros, técnicos y jurídicos que jamás presentó la administración al concejo para que el acuerdo fuese aprobado, y obviamente, debido a la comprobada ineficacia de la administración municipal y al accionar y silencio cómplice de nuestros honorables concejales.

Los 19 honorables concejales de Valledupar son conocedores del poder que la Constitución brinda al pueblo en una democracia participativa, de no saberlo no estarían armando el show que ya tienen al aire; pero se olvidaron de éste mismo pueblo, al que ahora necesitan para las elecciones de octubre, y del mismo pueblo al que quieren hacer creer que defienden; cuando tenemos cómo probar que actuaron durante 3 años en su contra, cuando no nos escuchaban y nos negaron nuestros derechos a ejercer control social; cuando  utilizaban un escenario público como lo es la corporación edilicia, pagada por nosotros al igual que sus salarios, para aprobar a pupitrazo limpio acuerdos que iban en contra de los intereses generales y para calumniar e injuriar a los ciudadanos de bien, sin temor a nada ni a nadie. Pues ahora que respondan ante las autoridades por todo lo que hicieron y por todo lo que dejaron de hacer; por todo lo que dijeron y por todo lo que dejaron de decir, porque al igual que tienen derechos como servidores públicos, también tienen deberes, obligaciones y prohibiciones…

Luz Marina Gnecco Plá