COLOMBIA: INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y DESEMPEÑO ECONÓMICO EN LAS ÁREAS RURALES
Por errores y desidia del Estado Colombiano, en la década del 90, el conflicto armado en Colombia comenzó a cambiar. En esa época, la guerrilla multiplicó sus frentes y sus fuentes de fortalecimiento financiero provenían del boleteo a empresarios rurales, del secuestro, de la extorsión a multinacionales y del narcotráfico.
Todo esto trajo consigo la expansión de la guerrilla hacia nuevas áreas, a incrementar notablemente no sólo el número de frentes, sino también el número de hombres; por lo que lograron acrecentar su potencial bélico y esto llevó a que pudiesen ejercer un mayor poder territorial, una mayor presencia política, una mayor capacidad de amenaza para el sistema político y también una mayor capacidad de perturbación del funcionamiento de la economía colombiana.
Así las cosas, la guerrilla transformó entonces sus características de escalamiento militar que trajeron consigo enormes y beneficiosos efectos para ellos y muy graves para Colombia en el aspecto socio-político y económico. Vemos entonces cómo la guerrilla de hoy ya no es marginal y tampoco su campo de acción se limita a las zonas rurales, por lo que se constituye en un actor fundamental y decisivo en el futuro de la sociedad colombiana.
Desde la década del 90, el secuestro, el boleteo, la extorsión y el narcotráfico pasaron a un segundo plano como fuentes de financiamiento de la guerrilla. En asocio con servidores públicos corruptos, la guerrilla desvía recursos financieros en los departamentos que perciben regalías por explotación de recursos naturales.
Suponemos que éste cambio en las fuentes de financiamiento se debió al desprestigio del secuestro y al repudio de la sociedad civil a éste tipo de acciones, pero no dejaron de realizarlo, sencillamente cambiaron el método, dejaron atrás las pescas milagrosas y las prácticas que generalmente ejercían para lograrlo. Quizá por ese descrédito del secuestro, la guerrilla comenzó a contratar a la delincuencia común para que realizase los secuestros extorsivos; en tanto ellos se encargan del cautiverio del secuestrado y de negociar la extorsión con sus familiares.
Hay zonas en Colombia donde la población rural presionada por la guerrilla correspondía en el año 1995 al 50% de la población total, tales como los departamentos de Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar y Norte de Santander. En esas zonas de influencia armada, la tasa de secuestro por cada cien mil habitantes superaba la media nacional y en algunos casos, como en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Nariño, Cauca, Tolima, Huila y Antioquia; correspondía a la tasa más alta del país. Esto se debía al incremento que acabamos de relacionar de la presencia guerrillera en su proceso de expansión y transformación entre los años 1987 y 1995.
Vemos cómo hasta ese entonces solamente existía presencia armada reconocida de la guerrilla, quien ya actuaba en sociedad con algunos grupos de delincuencia común y con algunos políticos corruptos.
Ante el abandono del Estado Colombiano en esas zonas de influencia guerrillera y de conflicto bélico, donde no existía autoridad legal ni legítima que garantizase a los nacionales sus derechos fundamentales; empezaron a aparecer otros grupos armados de diversa naturaleza y origen. Unos ya actuaban desde la clandestinidad y la ilegalidad y otros, provenían de las CONVIVIR que fueron constituidas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados ilegales buscaban neutralizar la acción insurgente que el Estado Colombiano no había podido frenar, por lo que la población civil se convirtió en víctima de un cúmulo de acciones violentas de grandes magnitudes jamás antes vistas por parte de todos los grupos armados ilegales, donde la violación a los derechos humanos era el plato de cada día.
Por revelaciones conocidas tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas, vemos cómo estos grupos paramilitares no actuaban de manera independiente sino en conjunto con las instituciones de defensa del Estado Colombiano.
Es decir, se unieron las fuerzas armadas y de protección del Estado Colombiano con grupos armados ilegales supuestamente para contrarrestar las acciones de los insurgentes; pero esto sólo logró que se incrementasen de manera insospechada las altas tasas de delitos contra la vida, honra y bienes de los nacionales en las zonas rurales de los departamentos de Cesar, La Guajira, Antioquia, Magdalena, Casanare, Tolima y Sucre; donde ya se ha demostrado una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.
Las declaraciones de ex paramilitares y los hallazgos son monstruosos: desplazamientos forzados, robo de tierras, fosas comunes, hornos crematorios, masacres, violación sistemática a nuestras mujeres y niñas, genocidios en diferentes puntos del país y para colmo de males, como la fuerza pública era presionada a mostrar resultados en la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe, aparecen lo que hoy conocemos como “Falsos Positivos”.
Esa unión macabra de algunas fuerzas del Estado con los paramilitares refleja el grado de violencia que se ha vivido en Colombia y la alta degradación de los valores que han permitido traspasar la línea de la legalidad por parte de quienes tienen el deber constitucional de respetar la ley y de proteger a los nacionales. Contrario sensu, la población civil ha sido víctima de un conflicto que lleva ya seis décadas, donde ha estado en medio de diferentes fuerzas a la que se le sumaron algunos organismos del Estado mismo, con actuaciones no sólo poco decorosas, sino también muy reprochables por ser completamente ilegales e ilegítimas, ya que desvirtúan el verdadero fin y deber constitucional del Estado.
Los “Falsos Positivos” son Crímenes de Estado; unos, por parte de la fuerza pública de manera aislada y otros, en asocio con los paramilitares. De manera simultánea a estas atrocidades, hemos vivido el conflicto armado guerrillero, el secuestro y las muertes cometidas por los actores organizados de la violencia, quienes además, también se asociaron con políticos deslegitimando los resultados de los debates electorales que no representaban la verdadera voluntad popular, donde con la imposición de la fuerza de las armas, presionaban y obligaban a la población a votar por los candidatos de su escogencia y donde también se asociaron con gobernantes y funcionarios públicos corruptos para desangrar el erario.
Es decir, que además de la fuerte presencia guerrillera y del daño que su actividad belicosa ocasiona, hemos tenido que convivir con un Congreso ilegítimo tal y como ha declarado en reiteradas ocasiones Mancuso; con gobernantes impuestos por los paramilitares bajo la presión de las ramas. Surge aquí lo que hoy conocemos como “Parapolítica”, donde ya hay varios políticos condenados e investigados por recibir favores de los paramilitares para su elección o por actuar y estar vinculados a sus acciones criminales. Pero la justicia aún no ha llegado al fondo del asunto, ya que aún faltan muchos políticos, periodistas y ciudadanos del común que no han sido mencionados y a quienes aún no se les ha abierto investigación; tal es el caso del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según declaraciones que diese el Padre Francisco de la Roux[1] ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de febrero y que publicase El Espectador, los paramilitares obligaban a votar por él cuando fue candidato a la presidencia en el año 2002.
Ahora, si al parecer el señor Uribe fue elegido en 2002 bajo la presión de las armas paramilitares, y la reelección fue aprobada por negociaciones que hicieren con algunos congresistas, tal y como se ha develado en el caso de la Yidis-Política, nos surge el interrogante de qué tan legítimo fue su gobierno de ocho años.
De igual forma, nos preguntamos si podemos afirmar que la responsabilidad de la violencia en Colombia sólo ha recaído en cabeza de los grupos armados ilegales, o si por el contrario, también podemos considerar como acciones violentas y originarias de la guerra que vivimos la de quienes sin disparar un solo tiro burlan a la población, imponiéndose como candidatos avalados por los grupos violentos, así como por parte de quienes sin reparo alguno se roban los recursos que le pertenecen al pueblo, generando con ello mayores inequidades, desempleo, hambre, miseria y desolación en la que viven hoy en día el 80% de nuestros connacionales.
Consideramos que todo lo hasta ahora expuesto sí ha contribuido a que, además de la violencia inmisericorde y sin tregua que se ha vivido en las zonas rurales del país, hoy en día, en los cascos urbanos se concentren las mayores desigualdades económicas, políticas y culturales.
Si bien es cierto que las acciones armadas de la guerrilla disminuyeron, también es cierto que se incrementaron las acciones propias del hostigamiento y la confrontación con la fuerza pública. Pero esto es debido a la diversificación en sus fuentes de financiamiento que los ha llevado a tener mayor capacidad de acción militar y además, a la estrategia que implementó al determinar la Cordillera Oriental como su centro de acción para aislar el país andino y costero del amazónico y llanero y para tener un corredor hacia el interior en caso de ofensivas del ejército.
Ya no es la época de principios de los 90, cuando las FARC profundizaron la confrontación armada tras la experiencia con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que aglutinaba a las FARC, al ELN y a la disidencia del EPL, y tuvieron que reducir las acciones porque perdieron importancia en el terreno militar. Ahora los enfrentamientos con la fuerza pública son diarios y con bajas de ambos lados.
Todo esto nos lleva a pensar en la urgente necesidad de iniciar de una vez por todas un proceso de paz orientado al logro de una paz justa y duradera, que de lograrse, permitiría que los billones de pesos que hoy en día se invierten en la guerra queden disponibles para invertirlos en educación y en la satisfacción de tantas necesidades básicas insatisfechas en la gran mayoría de la población.
Pero resulta que a raíz de las nuevas liberaciones de secuestrados por parte de las FARC y que entregase a Piedad Córdoba a título de desagravio por el injusto fallo de la Procuraduría en su contra, se presentaron obstáculos por parte del representante del gobierno, además del incumplimiento de el protocolo de seguridad, que pusieron intentaron poner en riesgo la liberación de dos de los secuestrados y que pretendían desvirtuar la realidad de lo que ocurrió, poniendo en tela de juicio la labor humanitaria de la Exsenadora y la voluntad de las FARC de cumplir con las liberaciones.
Todo inició con la presencia de la periodista Sugey Rivera en el lugar de la primera liberación, por tener ella vínculo con las Fuerzas Militares. Posteriormente, cuando las FARC decidieron liberar a un secuestrado más, el patrullero Ocampo, el domingo 13 de febrero la misión humanitaria salió en búsqueda de él, del Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, quienes se encontraban en un lugar de la selva colombiana, separados del patrullero.
Cabe resaltar que en la red social Twitter, desde que las FARC anunciaron la liberación de cinco personas en desagravio a Piedad Córdoba, se empezó a fraguar una campaña en contra de Piedad Córdoba, por parte de reconocidos personajes en la red que defienden y promueven las políticas del Expresidente Álvaro Uribe Vélez de forma fanática y obcecada. Desde el mismo instante que el Presidente Juan Manuel Santos aceptó las liberaciones, estas mismas personas, que solamente se identifican con pseudónimos extraños donde intercalan letras con dígitos, comenzaron a atacar al Presidente y a acusarlo de “traidor”.
Ese día no pudieron ser liberados el Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, por diferentes circunstancias: de tiempo, climatológicas, técnicas, por lo accidentado del relieve geográfico de la zona etc., las cuales, Piedad Córdoba expuso claramente en el programa televisivo El Radar[2]. Por tales motivos, ese día sólo pudieron traer a la libertad al patrullero Ocampo. Sin embargo, Colombia entera escuchó al delegado del gobierno, el señor Eduardo Pizarro León Gómez afirmando que las FARC habían incumplido entregando mal las coordenadas donde serían liberados Sanmiguel y Solórzano.
Desde días antes de iniciar las nuevas liberaciones, había manifestado Piedad Córdoba que había voluntad por parte de las FARC de liberar a todos los secuestrados que tenían en su poder antes del mes de junio de este año. Pero ese día también reveló que tenía en su poder una carta de el máximo Jefe de las FARC Alfonso Cano donde proponía “analizar elementos nuevos para la pacificación del país” y que la haría pública.
Inmediatamente dio las declaraciones Eduardo Pizarro, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, habiendo escuchado solamente la versión del inexperto delegado del gobierno, contradijo las declaraciones que el delegado de la Cruz Roja ya había dado a diferentes medios de comunicación en cuanto a una nueva fecha para liberar a los secuestrados, y negó la autorización para éstas liberaciones.
Entre tanto en Twitter, después en los medios de comunicación y en algunas declaraciones del Presidente de la República, nació la hipótesis de que la guerrilla había aprovechado las liberaciones para trasladar a su jefe Alfonso Cano hacia otro lugar más seguro, ya que según ellos, era asediado, perseguido de cerca y estaba próximo a capturarlo el ejército de Colombia.
Obviamente estas temerarias e injustificadas declaraciones y afirmaciones en forma de duda dejaron un ambiente caldeado que en vez de favorecer al mandatario, terminaron en una lluvia de críticas por su aparente “flexibilidad” ante las FARC.
Twitter no fue un escenario aislado, ya que desde ahí el señor Álvaro Uribe atizaba el debate con afirmaciones que ponían en duda la idoneidad del nuevo mandatario para garantizar la seguridad en Colombia, además de recomendar la lectura de una columna de su ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias -quien irónicamente le debe cuentas al país por el millonario detrimento patrimonial del Agro Ingreso seguro bajo su administración- cuestionaba desde su escrito, de manera fuerte e irrespetuosa al Presidente de la República; por lo que el río de críticas crecía por parte de los seguidores de Uribe en la red social.
Uribe azuzaba además a sus seguidores al hacer entrever la posibilidad de que Alfonso Cano se hubiese escapado en los helicópteros brasileros de la misión humanitaria que fue a liberar a los secuestrados, tal y como lo registró la Revista Semana: “En su cuenta de Twitter, Uribe, horas antes, había hecho una pregunta capciosa: "¿Fuga de terrorista Cano, engaño de terroristas Farc?".
También registró la Revista Semana en referencia a los trinos de Uribe en Twitter: “Además, había agregado: "inquietante párrafo de Eduardo Mackenzie", refiriéndose a una columna en la este aseguró que Córdoba llevó el helicóptero destinado a la liberación a un punto en la selva donde supuestamente se reunió con un “destacamento del Frente 21 de las Farc, es decir, de los guardianes de Alfonso Cano”[3]”...
El país estuvo en ascuas por más de dos días. Los medios emitían una noticia de la Cruz Roja y Presidencia la desmentía. Piedad Córdoba mantuvo un prudente silencio que dejaba entrever que algo más profundo había en medio de todo esto, y entendió la importancia de respetar de su parte el protocolo de seguridad, donde solamente podía dirigirse a los medios el delegado del gobierno, para que no fuese por ella que se fraguase la posibilidad de que éstas dos liberaciones se concretasen y de devolverlos sanos y salvos al seno de sus hogares tal y como esperaban de ella los familiares. Al final, el Presidente cedió y el día miércoles 16 de febrero se concretaron estas liberaciones, que sumadas a las anteriores, completaron veinte en total, por parte de la gestión humanitaria de Piedad Córdoba.
El Presidente Santos respondió al ex ministro y al país entero el día jueves 17 y viernes 18, afirmando que el Ejército de Colombia le estaba “respirando en la nuca”[4] a Alfonso Cano y descartó además, la posibilidad de cualquier negociación de paz con las FARC en el corto plazo[5], mientras ésta persistiese en las acciones contra la población civil. Estas declaraciones firmes y ajenas a cualquier sesgo de debilidad calmaron un poco y por pocas horas a los detractores de Piedad Córdoba y a los enemigos de la paz.
Por otro lado, era de conocimiento público también, que una vez finalizasen las liberaciones, se llevaría a cabo, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), del 21 al 23 de febrero, el Seminario “Haciendo la paz en Colombia”[6], al cual asistirían personalidades del mundo entero a analizar y a construir una propuesta encaminada al logro de una paz justa y duradera para nuestro país.
Entre los participantes de todo el planeta se encuentran tres Premio Nobel de la Paz, representantes de derechos humanos, diputados, ex ministros, dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, senadores, representantes a la cámara, académicos, investigadores, politólogos, periodistas, sociólogos, médicos, antropólogos, psicólogos, ex presidentes, ex comisionados de paz del gobierno de Colombia, ex embajadores, abogados, profesores universitarios y asesores de UNASUR y de la UNESCO, entre otros tantos.
El día viernes 18 de febrero, cuando Piedad Córdoba se dirigía hacia Buenos Aires a terminar con los preparativos del evento y a recibir junto con la misión argentina a todos los asistentes; unos dicen que desde la red social Twitter[7] y otros afirman que fue desde el medio virtual “La silla vacía”[8], apareció de la nada la noticia de que el ejército, en combate, había dado de baja al jefe de las FARC Alfonso Cano.
La noticia en sí no pasaba de ser una noticia más de las que ya estamos acostumbrados a escuchar en Colombia por el conflicto armado en el que vivimos, máxime cuando el día anterior, el Presidente de la República había declarado públicamente que el Ejército de Colombia tenía cercado al líder guerrillero, por lo que esta afirmación le brindaba asidero a la supuesta chiva periodística de La Silla Vacía y de los twitteros que segundo a segundo la divulgaban desde Twitter. Pero la noticia no resultó ser ni chiva ni siquiera verdadera y se entró nuevamente en un mar de confusión cuando el gobierno ni la ratificaba ni la desmentía. Sólo varias horas después fue desmentida[9].
En un principio no resultó sospechosa la falsedad de la misma, sino que fue considerado un error garrafal de un medio periodístico serio como La Silla Vacía[10], que ponía en entredicho su credibilidad al exponerse a emitir una información que no resultaba veraz. Pero desde que se divulgó y transcurridas varias horas, sí fue notorio el efecto e impacto negativo que esa noticia tuvo para el normal inicio del Seminario “Haciendo la paz en Colombia” y que ponía en gran riesgo el desarrollo del mismo.
La supuesta muerte de Alfonso Cano trajo consigo confusión entre los casi sesenta conferencistas y entre centenares de participantes e invitados que participarían en dicho seminario y que se encontraban en diferentes partes del mundo. La noticia se regó como pólvora, no sólo en Colombia sino en el mundo entero, por lo que muchos de los participantes, que se encontraban a punto de abordar un avión desde sus países de origen para dirigirse a Buenos Aires, llamaban a preguntar si se realizaría el evento finalmente o si éste había sido cancelado.
Siendo Alfonso Cano el Jefe Máximo de las FARC, sería entonces él el interlocutor en una eventual mesa de diálogo hacia un proceso de paz. Como fue él quien envió a Piedad Córdoba una propuesta de paz, para los invitados a participar del evento, si él estaba muerto, el seminario no tendría razón de ser por lo que pensaron había sido cancelado.
Al tratarse de una falsa información, surge entonces la pregunta: ¿Fue premeditada la publicación de una noticia, cuya verdadera intención era dañar el evento que Piedad Córdoba llevaría a cabo en Buenos Aires y que convocaba a connotadas personalidades del mundo entero? Con todo lo que le han hecho a Piedad Córdoba, esto no tendría nada de extraño…
Lo que sí es completamente cierto es que el conflicto armado sigue, que la geografía del conflicto armado en Colombia se ha transformado completamente en las últimas dos décadas. Que si bien antes la guerrilla operaba en zonas rurales, ahora tiene presencia en los centros políticos y administrativos más grandes del país. Que su acción en la confrontación armada se ha expandido notablemente hacia las zonas que le brindan mayor ventaja estratégica en la confrontación. Que se encuentran en los cascos urbanos; y sobre todo, que si existe una verdadera voluntad de paz, no podemos dejarla escapar porque la historia nos la cobraría.
Debemos dejar los egoísmos y las ansias de protagonismo de lado porque el trabajo para el logro de la paz exige del concurso de todos los colombianos. Es innegable el esfuerzo y la incesante labor de Piedad Córdoba por la paz de Colombia, sólo ella ha demostrado su firmeza en este propósito sin descansar un solo día. Ella ha logrado la liberación unilateral de veinte colombianos. Gracias a su gestión, a su tesón y empeño, ha traído a la libertad y a sus hogares a veinte connacionales. Estos resultados respaldan su credibilidad y la posibilidad de que por su intermedio, logremos la paz justa y verdadera que ella reclama y que todos merecemos por derecho propio.
Ella ha dicho: “En éstas y todas las liberaciones el mensaje es muy claro: estamos construyendo paz en Colombia. Creando una conciencia crítica y buscando espacios para la negociación política”. Ella ha pedido al gobierno que la deje negociar con las FARC y asegura que si la respaldan ella dará resultados positivos[11].
Diferimos del señor Presidente Juan Manuel Santos cuando afirma que sólo él tiene las llaves de la paz. La paz es un derecho y un deber de estricto cumplimiento dice el artículo 22 de la Constitución de Colombia, y si existen posibilidades de lograrla, el Presidente de la República es un servidor del pueblo soberano víctima del conflicto armado, por lo que debe cumplir con el mandato constitucional.
Los medios de comunicación nacionales, a diferencia de los medios internacionales, nada han publicado sobre el importante evento que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, liderado por Piedad Córdoba. Pareciese que venden más y agradan más a nuestros periodistas las noticias de guerra y muerte que las de paz y concordia.
CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA
Desde hace apróximadamente 60 años, en Colombia se vive un conflicto interno armado de gran y triste trascendencia. La guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico se han apoderado de la política y después de ocho (8) años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el país se encuentra muy derechizado y absolutamente polarizado, gracias al comportamiento atrabiliario que él tuvo contra los legítimos opositores, y al discurso pendenciero, prepotente y arrogante que incesantemente mostraba públicamente y con el mayor de los desparpajos.
Pese a ello, y en contra de todas las suposiciones preelectorales, hoy se respira un halo de esperanza y el cambio es notorio. Desde el día de su posesión, el Presidente Juan Manuel Santos no cerró las puertas a un eventual diálogo para lograr la tan anhelada y esquiva paz en Colombia, y cada día ha venido dando muestras de tener voluntad para trabajar en ello y para lograrla; pero eso sí, ha sido enfático en que se debe actuar con la prudencia necesaria para que escenarios y situaciones ya vividos en el pasado, y que resultaron infructuosas no se repitan.
Ya sabemos, porque la historia nos lo ha demostrado, que la única forma de lograr la paz es mediante el diálogo, de manera pacífica y con mucha voluntad política. De no ser así, no sería duradera, y no estamos en condiciones de seguir midiendo fuerzas ni de seguir derramando sangre inocente entre hermanos.
Esta posición del Presidente Santos no ha dejado de extrañar a propios y foráneos, ya que fue él, como Ministro de Defensa del señor Uribe, el responsable del bombardeo en territorio ecuatoriano donde murió el líder guerrillero Raúl Reyes, así como también ha sido cuestionado por los ya comprobados Crímenes de Estado conocidos como “falsos positivos”.
Irónicamente, siendo ella la única interlocutora oficial entre el gobierno nacional y la guerrilla, fue destituida precisamente por ejercer ese rol, aduciendo el Procurador que en los computadores de Raúl Reyes fueron encontrados unos supuestos correos electrónicos entre alguien denominado “Teodora” y la guerrilla; pero que eran remitidos desde una cuenta con su nombre y apellido: “piedadcordoba@hotmail.com”. Curioso que interpreten que alguien que se identifique con un pseudónimo para “despistar” a otros, empleé un correo electrónico con su propio nombre y apellido… Pero más curioso aún resulta que esos correos jamás existieron y que lo que supuestamente apareció fueron unos supuestos archivos en Word cuando jamás hubo la legal “custodia” que debe garantizar la validez de cualquier prueba, y que al no haber existido, ningún acerbo probatorio está revestido de legalidad ni de legitimidad.
Pero a diferencia del caso de algunos de los parapolíticos investigados y/o condenados, y del mismo Expresidente Uribe, quienes han sido acusados en reiteradas ocasiones por diferentes narcotraficantes y paramilitares de haber sido elegidos con el apoyo del grupo armado ilegal de derecha; la guerrilla de las FARC jamás ha inculpado a Piedad Córdoba de pertenecer a ellos como han tratado de estigmatizarla, y muy por el contrario, decide hacerle entrega de cinco (5) secuestrados (o retenidos) como muestra de desagravio a la injusta y posiblemente ilegal destitución e inhabilidad que en su contra profiriese el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez para alejarla del medio político.
Éste acto lo ha hecho la guerrilla de manera voluntaria, por lo que podría interpretarse como voluntad de su parte para abrir puertas, dialogar y buscar una salida política y pacífica al conflicto interno. Con este gesto además, envían el mensaje al gobierno nacional y al mundo entero de que las condiciones podrían estar dadas y que podría lograrse cualquier acuerdo solamente por intermedio de la hoy Exsenadora, persona en quien, por obvias razones confían y a quien rinden un merecido homenaje al entregarle ésta semana y de manera unilateral y voluntaria a esos cinco (5) colombianos que regresarán al seno de sus hogares y que desde hace tiempo han sido privados de su libertad.
El sociólogo Orlando Fals Borda, en su libro Conflicto interno en Colombia” hace un exhaustivo análisis de las posibles causas que nos han llevado a la situación que hoy día vivimos, y nos sugiere además, algunos pasos o medidas que él considera relevantes para la búsqueda y logro de la paz.
El autor sugiere, en parte, que esto pudo originarse por la centralización del poder que ha imperado desde siempre y que aún existe, cuando han ignorado y no han contemplado ni respetado la autonomía con la que fueron ungidos los nacientes entes territoriales desde la Constitución de 1991.
Arguye también Flas Borda, entre otros tantos tópicos, que deben considerarse: la diversidad regional, el desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, la inexistencia de una ley orgánica enfilada a la búsqueda y logro de la paz, la corrupción que galopa sin freno en todos los rincones del país y en todas las instituciones y poderes del Estado colombiano, el deber moral y político -y legal- de buscar la paz como indica en artículo 22 de la Constitución Nacional, un ordenamiento territorial donde las comunidades tengan injerencia, el no considerar el impacto negativo que tiene el conflicto armado a nivel nacional, regional y local; el desconocimiento de normas y leyes, así como de las autoridades legítimas por parte de los grupos armados ilegales en cada región; el ordenamiento del espacio donde la sociedad civil pueda buscar la paz y velar por el buen gobierno.
Pero también contempla que los grupos armados ilegales que actúan en las regiones deben respetar la voluntad popular en las decisiones que se tomen en la búsqueda de la paz, y que para ello, debe invitarse a participar a organismos internacionales para que velen y garanticen el respeto y cumplimiento de los acuerdos que la ciudadanía determine en ese sentido.
Debemos tener claro que la guerra es un negocio muy rentable que se nutre del narcotráfico y del erario, por lo que pese a que el autor considera que se debe empoderar a personajes públicos de la política local en cada región para coordinar políticas tendientes al logro de la paz y como interlocutores válidos para ello entre la sociedad civil y el gobierno nacional, vemos utópico que esto sea viable, por cuanto no todos los servidores públicos que se eligen supuestamente en las urnas representen la verdadera voluntad popular ni el equilibrio de los diferentes actores políticos como pareciera afirmar el autor.
Al hacer referencia a los concejos y asambleas, a la conformación de consejos subregionales o provinciales; e incluso, cuando magnifica la acción de los personeros, desconoce la burocracia política y el pago de favores políticos que circunda todo acto electoral o nombramiento por parte de los mismos políticos que resultan elegidos, posiblemente de manera legal, más no, en muchos casos, legítima como se ha podido demostrar mediante las presiones armadas los días de debate electoral, sumado a los ya conocidos fraudes electorales.
Por lo pronto, los personeros son nominados y elegidos por los concejales de cada municipio, pero no son escogidos por méritos propios o porque se hayan destacado en su trabajo por y para la defensa de los derechos de las comunidades, sino como comodines políticos, donde prima el favoritismo y filiación política de la coalición, por lo que aleja ostensiblemente de su accionar la objetividad, así como no nos garantiza que el ungido dedique su tiempo, conocimientos, encargo y esfuerzos a una lucha por el bienestar general y al respeto de la ley en defensa de los derechos de la población.
Un elemento que el autor no contempla y que también tiene directa incidencia en estos procesos es el actual sistema electoral colombiano, el cual, necesariamente debe ser reformado por todos los vacíos que presenta y que ha permitido en gran medida la perpetuación de la corrupción política y administrativa en el poder, donde se emplean los medios más insospechados para violar la voluntad popular y para pisotear con ello la democracia.
Algo que tampoco menciona el autor es la inexistencia de una Ley de Ética Gubernamental en Colombia, la laxitud de las leyes y los “micos” que el Congreso les deja en cada aprobación, permitiendo con ello que nuestras instituciones sean permeadas por el cáncer de la corrupción, que es a su vez, uno de los causantes de la inequidad que aquí se vive. Y no podemos desconocer que es la inequidad el motivo por el cual inició nuestro conflicto armado.
Ésta se ha manifestado y ha existido en todos los ámbitos posibles, abriendo mayores posibilidades de enriquecimiento a muchos actores que generan y viven de la guerra. La inequidad se ha visto reflejada en todas las ramificaciones del poder y ha corrompido por décadas cualquier posibilidad de justicia social.
También la doble moral en la que se ha sumido el pueblo colombiano podría ser un factor que nos aleje de la paz y que debe considerarse.
Aunque existe mucho temor para confirmarlo, Colombia vive una guerra civil donde ha predominado en cierta medida el abandono e ineptitud del Estado para mantener el orden y responder por la vida, honra y bienes de sus nacionales, así como la ya comprobada alianza macabra de instituciones del Estado con grupos armados al margen de la ley. Pero se trata de una guerra no declarada que ya ha superado cuatro (4) décadas de derramamiento de sangre que han invadido nuestra tierra, una guerra fratricida que ha demostrado que la violencia sólo general más violencia y que ha ignorado la máxima que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Las nuevas liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla podrían ser la ventana que todos los colombianos esperamos se abra para que entre por ella la paz. El Presidente Santos tiene la llave para que puede abrirla. Debemos primero reconocer que vivimos una guerra para poder atacar el problema y trabajar unidos por la paz. Una vez logremos éste paso, las causas que han originado tanta inequidad, injusticia, impunidad, corrupción, exclusión y desolación podremos trabajarla unidos como nación unida que debemos ser.
Debe escucharse el clamor popular y respetarse la Constitución y la ley. El mandato constitucional debe ser, de una vez por todas analizado y llevado a cabo. Se hará necesario reformar nuestra Constitución, pero ésta vez no para beneficiar los deseos insaciables de poder de los políticos de turno, sino en razón del derecho a la paz que tiene el pueblo soberano de Colombia, porque la paz es un derecho y es un deber; y la democracia participativa nos permite reorganizarnos y participar en torno a su logro; así mismo, es deber del Estado garantizárnosla.
Ya hemos visto cómo la violencia genera más violencia y cómo los procesos no pueden hacerse a la ligera ni de manera individualista. La Ley de Justicia y Paz que cobijó a los jefes paramilitares no ha funcionado porque no se ha cumplido con los principios de verdad, justicia y reparación. Los obstáculos y enemigos que ha encontrado han sido grandes, y es un reto del presidente santos lograr que la Ley Restitución de Tierras se concrete y se lleve a cabo con estricto cumplimiento a favor de quienes fueron desplazados por la violencia.
Los desertores de la guerrilla, así como los desmovilizados del paramilitarismo no han sido objeto de análisis y tratamientos sicológicos previos a su reinserción a la sociedad. No podían ser ellos entregados a una sociedad cuando no se les cumplió la oferta de trabajo con la que pudiesen obtener los ingresos necesarios para sostener a sus familias. Muchos de ellos fueron unidos a las filas de los grupos ilegales siendo aún niños, por lo que no aprendieron otra actividad que la guerra. Esto ha incrementado notablemente y en casos alarmantes la inseguridad en las ciudades y en el mismo campo, donde muchos se han reagrupado y actúan como las ahora conocidas “Bacrim” o como sicarios citadinos.
La noble y loable intención de la Constitución Nacional de 1991 de lograr una paz duradera no se ha cumplido, pero sí nos brindó herramientas más justas y democráticas como la tutela, el derecho de petición y las acciones populares. Además, inherente a su filosofía democrática, la Constitución de 1991 brindó modernas alternativas sin las cuales, todo lo que ha acontecido desde entonces hubiese sido desastroso. Creó también instituciones de gran importancia para la preservación de la democracia y para la independencia de los poderes en la firme intención de mantener el equilibrio entre ellos, tales como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
La semana pasada el Presidente Santos mostró una nueva actitud en pro de la paz en evento realizado con el Canciller de Brasil. Muchos países de Latinoamérica y del mundo entero están dispuestos a contribuir en el logro de nuestra paz, como lo han demostrado los gobiernos de Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil. También el Parlamento Europeo se ha manifestado al respecto en diferentes oportunidades, así como diferentes Ong´s alrededor del mundo.
Los días 21, 22 y 23 se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el Seminario Internacional "Haciendo la paz en Colombia", donde participarán delegaciones de diferentes países de los cinco (5) continentes, los Premios Nóbel a la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, así como el Premio Nóbel alternativo Juan Garcés. Además de las diferentes delegaciones que ya han confirmado su asistencia y participación, asistirán presidentes de diferentes partidos políticos del mundo, demostrándonos actos tan nobles como éste que sí existe un gran interés de todos ellos de contribuir a la búsqueda y logro de una paz verdadera y duradera para nuestro país.
En representación de Colombia irán Piedad Córdoba Ruíz y algunos miembros de la organización "Colombianas y Colombianos por la Paz" que ella lidera. Sea pues esta la oportunidad que desde hace tantas décadas estamos esperando, porque cualquier acto o gestión de paz que se realice siempre será bienvenido.
Sea como fuere, tenemos la esperanza que si realmente existe el deseo político, la paz sí es posible sin tantos preámbulos ni vueltas. Es Piedad Córdoba la persona que puede abrir esa posibilidad acompañando y actuando de la mano del señor Presidente de la República. Tiene el Estado de Colombia y por ende, los servidores públicos del pueblo colombiano el deber de darnos la paz, una paz duradera, profunda, que se logre contemplando cada uno de los factores internos y externos que han incidido para que nos haya resultado tan esquiva.
Será necesario el perdón, así como la verdad, porque si no conocemos nuestra historia nos veremos obligados a repetirla.
EL PAPEL DEL ESTADO EN EL CONFLICTO ARMADO
La Constitución de Colombia, en su preámbulo decreta que la Constitución de 1991, entre otros fines, tiene la de asegurar a sus integrantes la paz. El artículo 22 de la Constitución Política reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. El numeral 6 del artículo 95 reconoce como deber de la persona y del ciudadano: “Propender al logro y mantenimiento de la paz. El artículo 218, que hace referencia a la fuerza pública, dice que su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
El Estado es el responsable de hacer cumplir la Constitución, es el guardián de la constitucionalidad. Por lo tanto tiene que hacer cumplir el Derecho y tiene el deber constitucional de asegurar la paz a la nación colombiana.
La paz es un asunto político porque es la política la capacidad de una sociedad para lograr consensos que permitan llegar a metas comunes, socialmente benéficas que se expresan en un modelo de sociedad y que responden positivamente a los principales problemas que afectan a un país. Las estadísticas oficiales son espeluznantes y harían temblar a cualquier país demócrata en el mundo. El último informe de la ONU, que emitió la pasada semana revela éstas cifras[12]:
o ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia
o A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310.
o Se han registrado 12.632 desapariciones forzadas, (personas desaparecidas por agentes estatales), de las cuales, 3.073 eran mujeres y 3.042 menores de 20 años.
Las cifras de la ONU contrastan con las que también reveló la Fiscalía General de la Nación en enero de éste año, en un estremecedor informe de sus registros documentados[13]:
o Más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años.
o En los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas.
o 173.183 asesinatos.
o 1.597 masacres.
o 34.467 desapariciones forzadas
o 74.990 desplazamientos forzados.
o 13.000 desaparecidos al año.
o La mayor fosa común de continente tenía 2.000 cadáveres de desaparecidos por fuerza Omega del Plan Colombia.
o En diciembre de 2010, se comprobó existencia de otra mega fosa común en Meta: 1.505 restos humanos.
o El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia.
Sin embargo, el gobierno no reconoce que el problema de inseguridad, violencia, criminalidad y soberanía del Estado colombiano está más allá de la guerrilla de las FARC y del ELN, cuando a diario se ha ido descubriendo que la acción paramilitar y la del mismo Estado, representado por la fuerza pública, de manera independiente o conjunta, han desencadenado mayor violencia y criminalidad.
En Colombia el número de víctimas civiles es mayor que el número de “bajas en combate”. Familiares de desaparecidos han denunciado la desaparición forzada como Estrategia Estatal. Jefes Paras confesaron cómo altos mandos militares y políticos pedían desaparecer “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastro de los crímenes, para ello emplearon hornos crematorios y criaderos de caimanes; afirmando que en muchas ocasiones quemaban a las personas vivas.
Las fosas comunes encontradas se convirtieron en un escándalo mundial, equiparable solamente con las fosas nazis. La mayor fosa común de todo el continente americano estaba ubicada detrás del Batallón Militar de la Macarena, si en un territorio se encontraron 1.500 cuerpos y en otr0 2.00 víctimas, ¿cómo será en todo el país?". ¿Cabría la afirmación de que Colombia es una fosa común?.
Sin embargo, el gobierno ha buscado confundir a la opinión pública para impedir que comprendamos la real situación y evitando así que podamos dirigirnos hacia un cambio de esa realidad. La propaganda del post conflicto que ha dirigido el gobierno encubre la profundización del genocidio y lo cubre de apariencias, la misma apariencia en la que pensaban cuando en la democracia colombiana se usaban hornos crematorios para desaparecer las evidencias, tratándose de cuerpos humanos, y empleando ese aterrador instrumento, propio de estados opresores, para reducir las cifras de asesinatos. Por otro lado, la supuesta Seguridad Democrática plantea que las violaciones de DDHH deben resolverse con presencia del ejército en cada rincón del país, pero ya gran parte de la sociedad le teme a nuestras fuerzas militares y han perdido toda credibilidad.
El Estado colombiano no sólo no ha cumplido con su deber constitucional de lograr la paz, sino que con éstas acciones han recrudecido el conflicto, convirtiéndose en partícipe y en cómplice de algunos actores armados ilegales.
Ejemplos de ello son:
1. Las desapariciones forzadas de civiles realizadas por agentes del Estado: Los conocidos Falsos Positivos, donde fuerzas del estado, violando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario han actuado en contra de la población que según la Constitución y la ley debe proteger.
2. Las falsas desmovilizaciones, tanto de la guerrilla como de los paramilitares: En su afán de aparentar y para darle legitimidad y demostrar la supuesta eficacia de la política de Seguridad Democrática, el gobierno realizó desmovilizaciones falsas de guerrilleros, empleando para ellos los recursos financieros del pueblo, logrando engañar y afianzar más aún su política de guerra.
3. El abandono estatal en todo el territorio colombiano: Desde hace décadas, el Estado ha abandonado a su suerte a la ciudadanía. Hoy vemos cómo algunos paramilitares desmovilizados y otros que no se desmovilizaron nunca siguen delinquiendo, asesinando y desplazando a los civiles de sus propiedades.
Pero vemos también cómo en Colombia el Estado ha fracasado en los intentos de paz, porque los procesos han sido elitistas, donde solamente han intervenido el gobierno y la guerrilla, sin integrar al movimiento social que apunta a construir una sociedad sin exclusiones. Solo se podrá avanzar en la construcción de la paz en este país si se cuenta con un amplio respaldo popular que avale las reformas necesarias.
Cuál es el papel del Estado en el conflicto armado y dar 3 ejemplos
La Constitución de Colombia, en su preámbulo decreta que la Constitución de 1991, entre otros fines, tiene la de asegurar a sus integrantes la paz. El artículo 22 de la Constitución Política reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. El numeral 6 del artículo 95 reconoce como deber de la persona y del ciudadano: “Propender al logro y mantenimiento de la paz. El artículo 218, que hace referencia a la fuerza pública, dice que su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
El Estado es el responsable de hacer cumplir la Constitución, es el guardián de la constitucionalidad. Por lo tanto tiene que hacer cumplir el Derecho y tiene el deber constitucional de asegurar la paz a la nación colombiana.
La paz es un asunto político porque es la política la capacidad de una sociedad para lograr consensos que permitan llegar a metas comunes, socialmente benéficas que se expresan en un modelo de sociedad y que responden positivamente a los principales problemas que afectan a un país. Las estadísticas oficiales son espeluznantes y harían temblar a cualquier país demócrata en el mundo. El último informe de la ONU, que emitió la pasada semana revela éstas cifras[14]:
o ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia
o A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310.
o Se han registrado 12.632 desapariciones forzadas, (personas desaparecidas por agentes estatales), de las cuales, 3.073 eran mujeres y 3.042 menores de 20 años.
Las cifras de la ONU contrastan con las que también reveló la Fiscalía General de la Nación en enero de éste año, en un estremecedor informe de sus registros documentados[15]:
o Más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años.
o En los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas.
o 173.183 asesinatos.
o 1.597 masacres.
o 34.467 desapariciones forzadas
o 74.990 desplazamientos forzados.
o 13.000 desaparecidos al año.
o La mayor fosa común de continente tenía 2.000 cadáveres de desaparecidos por fuerza Omega del Plan Colombia.
o En diciembre de 2010, se comprobó existencia de otra mega fosa común en Meta: 1.505 restos humanos.
o El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia.
Sin embargo, el gobierno no reconoce que el problema de inseguridad, violencia, criminalidad y soberanía del Estado colombiano está más allá de la guerrilla de las FARC y del ELN, cuando a diario se ha ido descubriendo que la acción paramilitar y la del mismo Estado, representado por la fuerza pública, de manera independiente o conjunta, han desencadenado mayor violencia y criminalidad.
En Colombia el número de víctimas civiles es mayor que el número de “bajas en combate”. Familiares de desaparecidos han denunciado la desaparición forzada como Estrategia Estatal. Jefes Paras confesaron cómo altos mandos militares y políticos pedían desaparecer “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastro de los crímenes, para ello emplearon hornos crematorios y criaderos de caimanes; afirmando que en muchas ocasiones quemaban a las personas vivas.
Las fosas comunes encontradas se convirtieron en un escándalo mundial, equiparable solamente con las fosas nazis. La mayor fosa común de todo el continente americano estaba ubicada detrás del Batallón Militar de la Macarena, si en un territorio se encontraron 1.500 cuerpos y en otro 2.00 víctimas, ¿cómo será en todo el país?". ¿Cabría la afirmación de que Colombia es una fosa común?.
Sin embargo, el gobierno ha buscado confundir a la opinión pública para impedir que comprendamos la real situación y evitando así que podamos dirigirnos hacia un cambio de esa realidad. La propaganda del post conflicto que ha dirigido el gobierno encubre la profundización del genocidio y lo cubre de apariencias, la misma apariencia en la que pensaban cuando en la democracia colombiana se usaban hornos crematorios para desaparecer las evidencias, tratándose de cuerpos humanos, y empleando ese aterrador instrumento, propio de estados opresores, para reducir las cifras de asesinatos. Por otro lado, la supuesta Seguridad Democrática plantea que las violaciones de DDHH deben resolverse con presencia del ejército en cada rincón del país, pero ya gran parte de la sociedad le teme a nuestras fuerzas militares y han perdido toda credibilidad.
El Estado colombiano no sólo no ha cumplido con su deber constitucional de lograr la paz, sino que con éstas acciones han recrudecido el conflicto, convirtiéndose en partícipe y en cómplice de algunos actores armados ilegales.
Ejemplos de ello son:
4. Las desapariciones forzadas de civiles realizadas por agentes del Estado: Los conocidos Falsos Positivos, donde fuerzas del estado, violando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario han actuado en contra de la población que según la Constitución y la ley debe proteger.
5. Las falsas desmovilizaciones, tanto de la guerrilla como de los paramilitares: En su afán de aparentar y para darle legitimidad y demostrar la supuesta eficacia de la política de Seguridad Democrática, el gobierno realizó desmovilizaciones falsas de guerrilleros, empleando para ellos los recursos financieros del pueblo, logrando engañar y afianzar más aún su política de guerra.
6. El abandono estatal en todo el territorio colombiano: Desde hace décadas, el Estado ha abandonado a su suerte a la ciudadanía. Hoy vemos cómo algunos paramilitares desmovilizados y otros que no se desmovilizaron nunca siguen delinquiendo, asesinando y desplazando a los civiles de sus propiedades.
Pero vemos también cómo en Colombia el Estado ha fracasado en los intentos de paz, porque los procesos han sido elitistas, donde solamente han intervenido el gobierno y la guerrilla, sin integrar al movimiento social que apunta a construir una sociedad sin exclusiones. Solo se podrá avanzar en la construcción de la paz en este país si se cuenta con un amplio respaldo popular que avale las reformas necesarias.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL
DESPLAZAMIENTO FORZOSO
Colombia ha sido un país que siempre ha vivido en medio de la violencia, y con ello, muchas poblaciones han sido desplazadas forzosamente de sus lugares de origen. Por mencionar solamente lo acontecido durante el Siglo XX y XXI, recordemos el conflicto entre los Conservadores y los Liberales, los asesinatos de líderes políticos como Gaitán, la aparición de la guerrilla a principios de la década de los sesenta, el narcotráfico y su inmersión en todos los estamentos del estado Colombiano, la aparición de el paramilitarismo como consecuencia de las legales “Convivir”, la guerra entre guerrilla y los paramilitares tras el abandono e ineptitud del Estado y los crímenes catalogados de Estado, conocidos como “Falsos Positivos”.
El ddesplazamiento forzoso resulta entonces cuando personas son presionadas por diversas situaciones violentas y de diferente índole, a salir de sus lugares de residencia y a abandonar sus propiedades, obligándolos a emigrar a otras poblaciones donde no poseen nada que los identifique y donde puedan desarrollarse.
El desplazamiento es una consecuencia directa de la violencia, y en Colombia no es un conflicto reciente. Tampoco se originan en los diferentes procesos económicos que se han dado a través de los años en el país. Desde hace más de cien años podemos afirmar que en Colombia las personas han sido desplazadas y como consecuencia ha traído miseria y hambre, cuando los seres humanos han sido ultrajados en su dignidad, teniendo que buscar otros medios para subsistir y que ha generado mayor violencia ante la falta de oportunidades.
El éxodo masivo del campo a la ciudad ha sido más notorio y ha llevado a que el mundo conozca sobre lo que aquí ha ocurrido tras la guerra cruenta entre la guerrilla y el paramilitarismo. Lo que inició como una defensa personal por parte de un grupo de personas que se unieron para defenderse de lo que el estado no era capaz, desvía el supuesto objeto y termina ultrajando a la población civil y violando todos los derechos inherentes al ser humano bajo el silencio cómplice del Estado.
Cientos de miles de colombianos se vieron obligados a dejar sus tierras en cuestión de horas, sin poder siquiera organizar sus pertenencias porque los alzados en armas no les daban tiempo para ello, so pena de ser asesinados. Esto se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales, políticos y económicos en nuestro país. Tanto la guerrilla como el paramilitarismo han desplazado a personas de sus propiedades, cada vez que han arremetido de forma violenta e inmisericorde contra las poblaciones, el temor ha hecho que muchas personas abandonasen sus predios que eran sus únicos medios de subsistencia.
Tuvieron que trasladarse a nuevas poblaciones o a ciudades, con una mano atrás y otra adelante, sin recursos económicos, enfrentando una realidad ajena a lo conocido, pedir favores a familiares o a conocidos, llevando a cargo a toda la familia, sin saber dónde dormirían, con qué se alimentarían y desconociendo su futuro inmediato. Situaciones como estas son traumáticas, porque todo cambio abrupto, inesperado y no voluntario lo es.
El desplazamiento ha traído consigo problemas sociales como son pobreza y el hambre, al verse muchos de ellos acorralados y sin salida, y al sentirse abandonados por el Estado, incapaz de garantizarles los derechos fundamentales, muchos han delinquido para poder subsistir. La miseria la vemos en los semáforos y en todos los rincones de las ciudades, lo que a su vez ha incrementado la violencia en las cabeceras.
DESPLAZAMIENTO FORZOSO Y ROBO DE TIERRAS
POR PARTE DEL PARAMILITARISMO
Con el afianzamiento del paramilitarismo, surgió una nueva modalidad de desplazamiento en algunos casos y de muertes en otras, con el factor común de pérdida de sus tierras, las cuales fueron adquiridas por los victimarios adquirieron de forma fraudulenta, sembrando el terror, amenazando, obligando a firmar documentos de ventas ficticias e incluso asesinando a sus propietarios. Testaferros de los diferentes comandantes paramilitares poseen a sus nombres la gran mayoría de éstas tierras.
A raíz de la desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz exigía a quienes se acogiesen a ella debían reparar a sus víctimas, y debían restituir a sus propietarios las tierras; sin embargo, los paramilitares en la gran mayoría de los casos no han siquiera contado la verdad, menos aún han devuelto la totalidad de tierras que de forma violenta arrebataron a los campesinos. Muchas de ellas las tienen a nombre de sus testaferros y si la comunidad no denuncia, será muy difícil determinar cuáles son, a cuántas hectáreas ascienden y a nombre de quienes están.
Según grupos de derechos humanos, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de cuatro millones de desplazados (4.000.000) en las últimas dos décadas. En el año 2002 se calculaba que ascendía a tres mil (3.000) familias, es decir, el incremento durante los dos cuatrienios del señor Álvaro Uribe fue no sólo notorio, sino también exagerado, como si de una anarquía se tratase. Cabe entonces preguntar por qué durante éste gobierno ocurrió esto, dónde estaba el Estado y qué medidas preventivas y correctivas aplicó el gobierno de la supuesta “seguridad democrática” en ésta situación específica.
La Ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe no garantiza que las exigencias para quienes se acojan a dicha ley sean cumplidas, y ante la intempestiva e incomprensible decisión del señor Álvaro Uribe, de extraditar a los cabecillas del paramilitarismo a Estados Unidos cuando recién empezaba a aplicarse la Ley de Justicia y Paz, no habrá ni verdad, ni justicia y menos aún reparación. Qué intentó ocultar el señor Uribe con ésta decisión no se sabe con certeza, pero sí existen hipótesis sobre el temor que tenía si estos personajes contasen toda la verdad. Sea como fuere, esa decisión ha afectado a Colombia entera, porque sus crímenes debían pagarlos acá, pero sobre todo, porque sin sus testimonios será muy difícil reconstruir la historia de Colombia.
Algunos medios publicaron sobre tierras que los jefes paramilitares habían entregado; pero donde se denunciaba que estas tierras no fueron devueltas a sus propietarios originales, sino que incluso algunos funcionarios del gobierno se habían apropiado de ellas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue muy difícil que se restituyese a las víctimas sus tierras. No hubo voluntad política, no hubo verdad y siguen los debates, pero justicia tenemos la certeza que no ocurrirá, porque no todas las tierras serán entregadas a sus dueños, las cuales se calculan en seis millones (6.000.000) de hectáreas, pero debemos considerar que aún muchos no han denunciado por temor, ya que a quienes han luchado por la restitución de sus tierras han sido asesinados, aún a sabiendas del señor Álvaro Uribe, porque muchas denuncias se hicieron de manera pública.
JUAN MANUEL SANTOS Y LA LEY DE TIERRAS
Durante su discurso de posesión como Presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos afirmó que durante su gobierno devolvería a las víctimas del conflicto los predios que les fueron robados, ya que consideraba ésta medida fundamental en su programa de prosperidad. Se comprometió a quitárselas a quienes las tuviesen y que pedía colaboración a los congresistas para lograrlo en una sola iniciativa que cobijase la restitución de tierras y la de reparación a las víctimas, tal y como había propuesto el Partido Liberal.
“Queremos tener toda la facilidad, todos los instrumentos para que en la medida de lo posible se le entregue títulos a todos esos campesinos que hoy tienen presencia pero no tienen título”, explicó el mandatario colombiano.
Ahora el Partido Conservador, representado por Fernando Araujo, rechazó la propuesta del Partido Liberal de incluir el capítulo de restitución de tierras en el proyecto de ley de víctimas, aduciendo que "La ley de víctimas no puede ser una vena rota para el presupuesto”. Es decir, para los conservadores prima lo económico sobre los derechos de la personas y sobre la obligación del Estado.
El gobierno de Juan Manuel Santos ha generado por ello muchos roces con su antecesor, quien no ve bien que esas tierras sean entregadas a sus propietarios. De ahí que la mayor oposición que haya tenido en el congreso el proyecto provenga de la bancada del Partido Conservador y del Partido de la U, irónicamente, el mismo partido que avaló la candidatura del Presidente Santos.
El gobierno pretende dividir el proceso de restitución de tierras en varias etapas, en la primer fase devolverían 312.000 hectáreas de tierra a casi 130.000 familias campesinas.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo que la iniciativa pretende devolverle 500 mil hectáreas anuales a las víctimas de la violencia que fueron despojados de sus tierras y que el proyecto contempla además se tipifiquen los delitos de testaferrato y despojo y la creación de una entidad agraria que será la encargada de restituir las tierras a sus dueños.
Pero surge otro problema cuando algunos “empresarios paisas” se han comunicado con el gobierno aduciendo ser poseedores de muchas de esas tierras denunciadas en Los Montes de María, pero que las adquirieron de “buena fe”, por lo que afirman no deben ser expropiados. Pero investigaciones revelan que los propietarios originales fueron obligados a vender esas tierras a tan connotados empresarios por valores irrisorios, inferiores a los trescientos mil pesos ($300.000) por hectárea y que ahora los empresarios le piden al Estado una “indemnización” para devolverlas, cuyo valor por hectárea superan los dos millones de pesos ($2.000.000) sin incluir las reformas o infraestructura que sobre esas tierras hayan realizado.
[1] AUC promovieron candidatura de Uribe, dice padre Francisco de la Roux. http://bit.ly/ePbZVy
[3] ¿Dónde está la llave de una negociación entre Gobierno y Farc?. http://bit.ly/iblccV
Santos asegura que a 'Alfonso Cano' le están "respirando en la nuca". http://bit.ly/gu7BEF
Rumores sobre muerte de Cano invaden internet. http://bit.ly/e5yXoT
Este viernes ‘Alfonso Cano’, máximo cabecilla de las Farc, fue abatido en twitter, según El Espectador.
Confirmado: Alfonso Cano fue dado de baja. http://bit.ly/dQvtyL
[10] 'Si 'Cano' no está muerto sería un duro golpe para La Silla Vacía': Juanita León. http://bit.ly/ekLjSU
[12] ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia. http://bit.ly/eWBESF
[13] 250.000 Desaparecidos claman justicia, y Falsimedia confunde para seguir desapareciendo la verdad. http://goo.gl/oLxa5
[14] ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia. http://bit.ly/eWBESF
[15] 250.000 Desaparecidos claman justicia, y Falsimedia confunde para seguir desapareciendo la verdad. http://goo.gl/oLxa5
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