martes, 22 de febrero de 2011

Colombia: Entre la violencia de los alzados en armas y la violencia de quienes disparan desde las redes sociales...

Por errores y desidia del Estado Colombiano, en la década del 90, el conflicto armado en Colombia comenzó a cambiar. En esa época, la guerrilla multiplicó sus frentes y sus fuentes de fortalecimiento financiero provenían del boleteo a empresarios rurales, del secuestro, de la extorsión a multinacionales y del narcotráfico.

Todo esto trajo consigo la expansión de la guerrilla hacia nuevas áreas, a incrementar notablemente no sólo el número de frentes, sino también el número de hombres; por lo que lograron acrecentar su potencial bélico y esto llevó a que pudiesen ejercer un mayor poder territorial, una mayor presencia política, una mayor capacidad de amenaza para el sistema político y también una mayor capacidad de perturbación del funcionamiento de la economía colombiana.

Así las cosas, la guerrilla transformó entonces sus características de escalamiento militar que trajeron consigo enormes y beneficiosos efectos para ellos y muy graves para Colombia en el aspecto socio-político y económico. Vemos entonces cómo la guerrilla de hoy ya no es marginal y tampoco su campo de acción se limita a las zonas rurales, por lo que se constituye en un actor fundamental y decisivo en el futuro de la sociedad colombiana.
  
Desde la década del 90, el secuestro, el boleteo, la extorsión y el narcotráfico pasaron a un segundo plano como fuentes de financiamiento de la guerrilla. En asocio con servidores públicos corruptos, la guerrilla desvía recursos financieros en los departamentos que perciben regalías por explotación de recursos naturales.

Suponemos que éste cambio en las fuentes de financiamiento se debió al desprestigio del secuestro y al repudio de la sociedad civil a éste tipo de acciones, pero no dejaron de realizarlo, sencillamente cambiaron el método, dejaron atrás las pescas milagrosas y las prácticas que generalmente ejercían para lograrlo. Quizá por ese descrédito del secuestro, la guerrilla comenzó a contratar a la delincuencia común para que realizase los secuestros extorsivos; en tanto ellos se encargan del cautiverio del secuestrado y de negociar la extorsión con sus familiares.

Hay zonas en Colombia donde la población rural presionada por la guerrilla correspondía en el año 1995 al 50% de la población total, tales como los departamentos de Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar y Norte de Santander. En esas zonas de influencia armada, la tasa de secuestro por cada cien mil habitantes superaba la media nacional y en algunos casos, como en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Nariño, Cauca, Tolima, Huila y Antioquia; correspondía a la tasa más alta del país. Esto se debía al incremento que acabamos de relacionar de la presencia guerrillera en su proceso de expansión y transformación entre los años 1987 y 1995.

Vemos cómo hasta ese entonces solamente existía presencia armada reconocida de la guerrilla, quien ya actuaba en sociedad con algunos grupos de delincuencia común y con algunos políticos corruptos.

Ante el abandono del Estado Colombiano en esas zonas de influencia guerrillera y de conflicto bélico, donde no existía autoridad legal ni legítima que garantizase a los nacionales sus derechos fundamentales; empezaron a aparecer otros grupos armados de diversa naturaleza y origen. Unos ya actuaban desde la clandestinidad y la ilegalidad y otros, provenían de las CONVIVIR que fueron constituidas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados ilegales buscaban neutralizar la acción insurgente que el Estado Colombiano no había podido frenar, por lo que la población civil se convirtió en víctima de un cúmulo de acciones violentas de grandes magnitudes jamás antes vistas por parte de todos los grupos armados ilegales, donde la violación a los derechos humanos era el plato de cada día.

Por revelaciones conocidas tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas, vemos cómo estos grupos paramilitares no actuaban de manera independiente sino en conjunto con las instituciones de defensa del Estado Colombiano.

Es decir, se unieron las fuerzas armadas y de protección del Estado Colombiano con grupos armados ilegales supuestamente para contrarrestar las acciones de los insurgentes; pero esto sólo logró que se incrementasen de manera insospechada las altas tasas de delitos contra la vida, honra y bienes de los nacionales en las zonas rurales de los departamentos de Cesar, La Guajira, Antioquia, Magdalena, Casanare, Tolima y Sucre; donde ya se ha demostrado una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.

Las declaraciones de ex paramilitares y los hallazgos son monstruosos: desplazamientos forzados, robo de tierras, fosas comunes, hornos crematorios, masacres, violación sistemática a nuestras mujeres y niñas, genocidios en diferentes puntos del país y para colmo de males, como la fuerza pública era presionada a mostrar resultados en la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe, aparecen lo que hoy conocemos como “Falsos Positivos”.

Esa unión macabra de algunas fuerzas del Estado con los paramilitares refleja el grado de violencia que se ha vivido en Colombia y la alta degradación de los valores que han permitido traspasar la línea de la legalidad por parte de quienes tienen el deber constitucional de respetar la ley y de proteger a los nacionales. Contrario sensu, la población civil ha sido víctima de un conflicto que lleva ya seis décadas, donde ha estado en medio de diferentes fuerzas a la que se le sumaron algunos organismos del Estado mismo, con actuaciones no sólo poco decorosas, sino también muy reprochables por ser completamente ilegales e ilegítimas, ya que desvirtúan el verdadero fin y deber constitucional del Estado.

Los “Falsos Positivos” son Crímenes de Estado; unos, por parte de la fuerza pública de manera aislada y otros, en asocio con los paramilitares. De manera simultánea a estas atrocidades, hemos vivido el conflicto armado guerrillero, el secuestro y las muertes cometidas por los actores organizados de la violencia, quienes además, también se asociaron con políticos deslegitimando los resultados de los debates electorales que no representaban la verdadera voluntad popular, donde con la imposición de la fuerza de las armas, presionaban y obligaban a la población a votar por los candidatos de su escogencia y donde también se asociaron con gobernantes y funcionarios públicos corruptos para desangrar el erario.

Es decir, que además de la fuerte presencia guerrillera y del daño que su actividad belicosa ocasiona, hemos tenido que convivir con un Congreso ilegítimo tal y como ha declarado en reiteradas ocasiones Mancuso; con gobernantes impuestos por los paramilitares bajo la presión de las ramas. Surge aquí lo que hoy conocemos como “Parapolítica”, donde ya hay varios políticos condenados e investigados por recibir favores de los paramilitares para su elección o por actuar y estar vinculados a sus acciones criminales. Pero la justicia aún no ha llegado al fondo del asunto, ya que aún faltan muchos políticos, periodistas y ciudadanos del común que no han sido mencionados y a quienes aún no se les ha abierto investigación; tal es el caso del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según declaraciones que diese el Padre Francisco de la Roux ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de febrero y que publicase El Espectador, los paramilitares obligaban a votar por él cuando fue candidato a la presidencia en el año 2002.    

Ahora, si al parecer el señor Uribe fue elegido en 2002 bajo la presión de las armas paramilitares, y la reelección fue aprobada por negociaciones que hicieren con algunos congresistas, tal y como se ha develado en el caso de la Yidis-Política, nos surge el interrogante de qué tan legítimo fue su gobierno de ocho años.

De igual forma, nos preguntamos si podemos afirmar que la responsabilidad de la violencia en Colombia sólo ha recaído en cabeza de los grupos armados ilegales, o si por el contrario, también podemos considerar como acciones violentas y originarias de la guerra que vivimos la de quienes sin disparar un solo tiro burlan a la población, imponiéndose como candidatos avalados por los grupos violentos, así como por parte de quienes sin reparo alguno se roban los recursos que le pertenecen al pueblo, generando con ello mayores inequidades, desempleo, hambre, miseria y desolación en la que viven hoy en día el 80% de nuestros connacionales.

Consideramos que todo lo hasta ahora expuesto sí ha contribuido a que, además de la violencia inmisericorde y sin tregua que se ha vivido en las zonas rurales del país, hoy en día, en los cascos urbanos se concentren las mayores desigualdades económicas, políticas y culturales.

Si bien es cierto que las acciones armadas de la guerrilla disminuyeron, también es cierto que se incrementaron las acciones propias del hostigamiento y la confrontación con la fuerza pública. Pero esto es debido a la  diversificación en sus fuentes de financiamiento que los ha llevado a tener mayor capacidad de acción militar y además, a la estrategia que implementó al determinar la Cordillera Oriental como su centro de acción para aislar el país andino y costero del amazónico y llanero y para tener un corredor hacia el interior en caso de ofensivas del ejército.

Ya no es la época de principios de los 90, cuando las FARC profundizaron la confrontación armada tras la experiencia con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que aglutinaba a las FARC, al ELN y a la disidencia del EPL, y tuvieron que reducir las acciones porque perdieron importancia en el terreno militar. Ahora los enfrentamientos con la fuerza pública son diarios y con bajas de ambos lados.

Todo esto nos lleva a pensar en la urgente necesidad de iniciar de una vez por todas un proceso de paz orientado al logro de una paz justa y duradera, que de lograrse, permitiría que los billones de pesos que hoy en día se invierten en la guerra queden disponibles para invertirlos en educación y en la satisfacción de tantas necesidades básicas insatisfechas en la gran mayoría de la población.

Pero resulta que a raíz de las nuevas liberaciones de secuestrados por parte de las FARC y que entregase a Piedad Córdoba a título de desagravio por el injusto fallo de la Procuraduría en su contra, se presentaron obstáculos por parte del representante del gobierno, además del incumplimiento de el protocolo de seguridad, que pusieron intentaron poner en riesgo la liberación de dos de los secuestrados y que pretendían desvirtuar la realidad de lo que ocurrió, poniendo en tela de juicio la labor humanitaria de la Exsenadora y la voluntad de las FARC de cumplir con las liberaciones.

Todo inició con la presencia de la periodista Sugey Rivera en el lugar de la primera liberación, por tener ella vínculo con las Fuerzas Militares. Posteriormente, cuando las FARC decidieron liberar a un secuestrado más, el patrullero Ocampo, el domingo 13 de febrero la misión humanitaria salió en búsqueda de él, del Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, quienes se encontraban en un lugar de la selva colombiana, separados del patrullero.

Cabe resaltar que en la red social Twitter, desde que las FARC anunciaron la liberación de cinco personas en desagravio a Piedad Córdoba, se empezó a fraguar una campaña en contra de Piedad Córdoba, por parte de reconocidos personajes en la red que defienden y promueven las políticas del Expresidente Álvaro Uribe Vélez de forma fanática y obcecada. Desde el mismo instante que el Presidente Juan Manuel Santos aceptó las liberaciones, estas mismas personas, que solamente se identifican con pseudónimos extraños donde intercalan letras con dígitos, comenzaron a atacar al Presidente y a acusarlo de “traidor”.

Ese día no pudieron ser liberados el Mayor Solórzano y del Cabo Sanmiguel, por diferentes circunstancias: de tiempo, climatológicas, técnicas, por lo accidentado del relieve geográfico de la zona etc., las cuales, Piedad Córdoba expuso claramente en el programa televisivo El Radar. Por tales motivos, ese día sólo pudieron traer a la libertad al patrullero Ocampo. Sin embargo, Colombia entera escuchó al delegado del gobierno, el señor Eduardo Pizarro León Gómez afirmando que las FARC habían incumplido entregando mal las coordenadas donde serían liberados Sanmiguel y Solórzano.

Desde días antes de iniciar las nuevas liberaciones, había manifestado Piedad Córdoba que había voluntad por parte de las FARC de liberar a todos los secuestrados que tenían en su poder antes del mes de junio de este año. Pero ese día también reveló que tenía en su poder una carta de el máximo Jefe de las FARC Alfonso Cano donde proponía “analizar elementos nuevos para la pacificación del país” y que la haría pública.

Inmediatamente dio las declaraciones Eduardo Pizarro, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, habiendo escuchado solamente la versión del inexperto delegado del gobierno, contradijo las declaraciones que el delegado de la Cruz Roja ya había dado a diferentes medios de comunicación en cuanto a una nueva fecha para liberar a los secuestrados, y negó la autorización para éstas liberaciones.

Entre tanto en Twitter, después en los medios de comunicación y en algunas declaraciones del Presidente de la República, nació la hipótesis de que la guerrilla había aprovechado las liberaciones para trasladar a su jefe Alfonso Cano hacia otro lugar más seguro, ya que según ellos, era asediado, perseguido de cerca y estaba próximo a capturarlo el ejército de Colombia.

Obviamente estas temerarias e injustificadas declaraciones y afirmaciones en forma de duda dejaron un ambiente caldeado que en vez de favorecer al mandatario, terminaron en una lluvia de críticas por su aparente “flexibilidad” ante las FARC.

Twitter no fue un escenario aislado, ya que desde ahí el señor Álvaro Uribe atizaba el debate con afirmaciones que ponían en duda la idoneidad del nuevo mandatario para garantizar la seguridad en Colombia, además de recomendar la lectura de una columna de su ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias -quien irónicamente le debe cuentas al país por el millonario detrimento patrimonial del Agro Ingreso seguro bajo su administración- cuestionaba desde su escrito, de manera fuerte e irrespetuosa al Presidente de la República; por lo que el río de críticas crecía por parte de los seguidores de Uribe en la red social.

Uribe azuzaba además a sus seguidores al hacer entrever la posibilidad de que Alfonso Cano se hubiese escapado en los helicópteros brasileros de la misión humanitaria que fue a liberar a los secuestrados, tal y como lo registró la Revista Semana: “En su cuenta de Twitter, Uribe, horas antes, había hecho una pregunta capciosa: "¿Fuga de terrorista Cano, engaño de terroristas Farc?".

También registró la Revista Semana en referencia a los trinos de Uribe en Twitter: “Además, había agregado: "inquietante párrafo de Eduardo Mackenzie", refiriéndose a una columna en la este aseguró que Córdoba llevó el helicóptero destinado a la liberación a un punto en la selva donde supuestamente se reunió con un “destacamento del Frente 21 de las Farc, es decir, de los guardianes de Alfonso Cano””...


El país estuvo en ascuas por más de dos días. Los medios emitían una noticia de la Cruz Roja y Presidencia la desmentía. Piedad Córdoba mantuvo un prudente silencio que dejaba entrever que algo más profundo había en medio de todo esto, y entendió la importancia de respetar de su parte el protocolo de seguridad, donde solamente podía dirigirse a los medios el delegado del gobierno, para que no fuese por ella que se fraguase la posibilidad de que éstas dos liberaciones se concretasen y de devolverlos sanos y salvos al seno de sus hogares tal y como esperaban de ella los familiares. Al final, el Presidente cedió y el día miércoles 16 de febrero se concretaron estas liberaciones, que sumadas a las anteriores, completaron veinte en total, por parte de la gestión humanitaria de Piedad Córdoba.

El Presidente Santos respondió al ex ministro y al país entero el día jueves 17 y viernes 18, afirmando que el Ejército de Colombia le estaba “respirando en la nuca” a Alfonso Cano y descartó además, la posibilidad de cualquier negociación de paz con las FARC en el corto plazo, mientras ésta persistiese en las acciones contra la población civil. Estas declaraciones firmes y ajenas a cualquier sesgo de debilidad calmaron un poco y por pocas horas a los detractores de Piedad Córdoba y a los enemigos de la paz.

Por otro lado, era de conocimiento público también, que una vez finalizasen las liberaciones, se llevaría a cabo, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), del 21 al 23 de febrero, el Seminario “Haciendo la paz en Colombia”, al cual asistirían personalidades del mundo entero a analizar y a construir una propuesta encaminada al logro de una paz justa y duradera para nuestro país.

Entre los participantes de todo el planeta se encuentran tres Premio Nobel de la Paz, representantes de derechos humanos, diputados, ex ministros, dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, senadores, representantes a la cámara, académicos, investigadores, politólogos, periodistas, sociólogos, médicos, antropólogos, psicólogos, ex presidentes, ex comisionados de paz del gobierno de Colombia, ex embajadores, abogados, profesores universitarios y asesores de UNASUR y de la UNESCO, entre otros tantos.

El día viernes 18 de febrero, cuando Piedad Córdoba se dirigía hacia Buenos Aires a terminar con los preparativos del evento y a recibir junto con la misión argentina a todos los asistentes; unos dicen que desde la red social Twitter y otros afirman que fue desde el medio virtual “La silla vacía”, apareció de la nada la noticia de que el ejército, en combate, había dado de baja al jefe de las FARC Alfonso Cano.

La noticia en sí no pasaba de ser una noticia más de las que ya estamos acostumbrados a escuchar en Colombia por el conflicto armado en el que vivimos, máxime cuando el día anterior, el Presidente de la República había declarado públicamente que el Ejército de Colombia tenía cercado al líder guerrillero, por lo que esta afirmación le brindaba asidero a la supuesta chiva periodística de La Silla Vacía y de los twitteros que segundo a segundo la divulgaban desde Twitter. Pero la noticia no resultó ser ni chiva ni siquiera verdadera y se entró nuevamente en un mar de confusión cuando el gobierno ni la ratificaba ni la desmentía. Sólo varias horas después fue desmentida.

En un principio no resultó sospechosa la falsedad de la misma, sino que fue considerado un error garrafal de un medio periodístico serio como La Silla Vacía, que ponía en entredicho su credibilidad al exponerse a emitir una información que no resultaba veraz. Pero desde que se divulgó y transcurridas varias horas, sí fue notorio el efecto e impacto negativo que esa noticia tuvo para el normal inicio del Seminario “Haciendo la paz en Colombia” y que ponía en gran riesgo el desarrollo del mismo.

La supuesta muerte de Alfonso Cano trajo consigo confusión entre los casi sesenta conferencistas y entre centenares de participantes e invitados que participarían en dicho seminario y que se encontraban en diferentes partes del mundo. La noticia se regó como pólvora, no sólo en Colombia sino en el mundo entero, por lo que muchos de los participantes, que se encontraban a punto de abordar un avión desde sus países de origen para dirigirse a Buenos Aires, llamaban a preguntar si se realizaría el evento finalmente o si éste había sido cancelado.

Siendo Alfonso Cano el Jefe Máximo de las FARC, sería entonces él el interlocutor en una eventual mesa de diálogo hacia un proceso de paz. Como fue él quien envió a Piedad Córdoba una propuesta de paz, para los invitados a participar del evento, si él estaba muerto, el seminario no tendría razón de ser por lo que pensaron había sido cancelado.

Al tratarse de una falsa información, surge entonces la pregunta: ¿Fue premeditada la publicación de una noticia, cuya verdadera intención era dañar el evento que Piedad Córdoba llevaría a cabo en Buenos Aires y que convocaba a connotadas personalidades del mundo entero? Con todo lo que le han hecho a Piedad Córdoba, esto no tendría nada de extraño…   

Lo que sí es completamente cierto es que el conflicto armado sigue, que la geografía del conflicto armado en Colombia se ha transformado completamente en las últimas dos décadas. Que si bien antes la guerrilla operaba en zonas rurales, ahora tiene presencia en los centros políticos y administrativos más grandes del país. Que su acción en la confrontación armada se ha expandido notablemente hacia las zonas que le brindan mayor ventaja estratégica en la confrontación. Que se encuentran en los cascos urbanos; y sobre todo, que si existe una verdadera voluntad de paz, no podemos dejarla escapar porque la historia nos la cobraría.

Debemos dejar los egoísmos y las ansias de protagonismo de lado porque el trabajo para el logro de la paz exige del concurso de todos los colombianos. Es innegable el esfuerzo y la incesante labor de Piedad Córdoba por la paz de Colombia, sólo ella ha demostrado su firmeza en este propósito sin descansar un solo día. Ella ha logrado la liberación unilateral de veinte colombianos. Gracias a su gestión, a su tesón y empeño, ha traído a la libertad y a sus hogares a veinte connacionales. Estos resultados respaldan su credibilidad y la posibilidad de que por su intermedio, logremos la paz justa y verdadera que ella reclama y que todos merecemos por derecho propio.

Ella ha dicho: “En éstas y todas las liberaciones el mensaje es muy claro: estamos construyendo paz en Colombia. Creando una conciencia crítica y buscando espacios para la negociación política”. Ella ha pedido al gobierno que la deje negociar con las FARC y asegura que si la respaldan ella dará resultados positivos.

Diferimos del señor Presidente Juan Manuel Santos cuando afirma que sólo él tiene las llaves de la paz. La paz es un derecho y un deber de estricto cumplimiento dice el artículo 22 de la Constitución de Colombia, y si existen posibilidades de lograrla, el Presidente de la República es un servidor del pueblo soberano víctima del conflicto armado, por lo que debe cumplir con el mandato constitucional.

Los medios de comunicación nacionales, a diferencia de los medios internacionales, nada han publicado sobre el importante evento que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, liderado por Piedad Córdoba. Pareciese que venden más y agradan más a nuestros periodistas las noticias de guerra y muerte que las de paz y concordia.


ENLACES:

AUC promovieron candidatura de Uribe, dice padre Francisco de la Roux. http://bit.ly/ePbZVy
Piedad Córdoba revela los detalles de las más recientes liberaciones. http://bit.ly/eyFn0a

¿Dónde está la llave de una negociación entre Gobierno y Farc?. http://bit.ly/iblccV

"A Cano le estamos respirando en la nuca", le aseguró Santos a Arias. http://bit.ly/gs8xsx
Santos asegura que a 'Alfonso Cano' le están "respirando en la nuca". http://bit.ly/gu7BEF
Santos: La puerta para el diálogo por la paz está cerrada. http://bit.ly/hyBhF4
En Buenos Aires, por la paz en Colombia. http://bit.ly/fdbcQG
En Twitter mataron a 'Alfonso Cano'. http://bit.ly/h1GfOM
Rumores sobre muerte de Cano invaden internet. http://bit.ly/e5yXoT
Este viernes ‘Alfonso Cano’, máximo cabecilla de las Farc, fue abatido en twitter, según El Espectador. http://bit.ly/ieYxGM
Crecen los rumores sobre supuesta baja de Alfonso Cano. http://bit.ly/ecEONP
Confirmado: Alfonso Cano fue dado de baja. http://bit.ly/dQvtyL
Presidencia desmiente a La Silla Vacía. http://bit.ly/i3mJmy
'Si 'Cano' no está muerto sería un duro golpe para La Silla Vacía': Juanita León. http://bit.ly/ekLjSU
Piedad Córdoba le pide al gobierno que la deje negociar con las Farc. http://bit.ly/i2gv1q
 Alfonso Cano muerto en Colombia y vivo en Buenos Aires. http://bit.ly/eeVBbY

Liberaciones unilaterales de seis secuestrados por parte de las FARC

Las FARC decidieron liberar, de manera unilateral a cinco secuestrados en desagravio a la destituida e inhabilitada Senadora piedad Córdoba Ruíz, por considerar que se cometió una injusticia por parte del Procurador General de la Nación, ya que el único vínculo que ella ha podido tener con ellos ha sido de forma oficial, en representación y autorizada por el gobierno para la liberación de retenidos y en su incesante lucha por la paz de Colombia.

Es así como en tres operativos diferentes entregarían al Concejal Marcos Baquero, al Concejal Armando Acuña, al Infante de Marina Henry López Martínez, al Mayor de la Policía Guillermo Solórzano y al Cabo del Ejército Salín Antonio San Miguel Valderrama.

Pese a que inicialmente hablaron de cinco liberaciones, decidieron hacer una sexta liberación en el último contingente de la operación, y es así como regresa a su hogar el Patrullero Carlos Alberto Ocampo.

Pero como ya hemos explicado en otras ocasiones que estas y todas las liberaciones que han tenido lugar de manera unilateral, tienen un proceso y unos protocolos que han sido previamente redactados por el gobierno nacional y aprobados por las partes intervinientes, que deben ser respetados, porque en el evento de no hacerse, se podría generar no sólo que se fragüen las liberaciones, sino también que se pierda la confianza que podrían tener las Farc en Piedad Córdoba, y también podrían poner en gran peligro la vida de quienes intervienen en ellas.

La noticia de las liberaciones no es nueva y posiblemente ahora sólo resulte llamativa a los familiares de quienes han sido privados de su libertad y a quienes trabajan diariamente por una salida pacífica al conflicto armado. Pero sí hay algo que ha ocurrido en varias de ellas, y ha sido la violación de dichos protocolos de seguridad.

Piedad Córdoba, por razones que sólo ella podría argumentar no entrega las coordenadas donde serán liberados los retenidos al gobierno nacional. Solamente lo hace al piloto de la Comisión brasilera que hace acompañamientos a las mismas, una vez se encuentran a determinada altura. Aún así, en algunas ocasiones aviones de la Fuerza Aérea han sobrevolado muy cerca en el momento exacto de las liberaciones y dentro del espacio aéreo determinado en los protocolos como prohibidos. En otros casos el Ejército no ha cesado los bombardeos y han estado a diez minutos del lugar de las liberaciones y en ésta ocasión, la protagonista en la violación de los protocolos no es ni más ni menos que una periodista de las Fuerzas Militares que se infiltró entre la población vecina y transmitió para un canal de televisión en vivo.

Se trata de Sugey Rivera, quien pese a haber negado su vínculo con las Fuerzas Militares, eso ya ha sido plenamente confirmado. Hay una gran similitud de ésta situación con el caso que expone el trabajo de investigación de Patricia Gómez cuando un periodista le reconoce:

“Hay periodistas que en las zonas de orden público pierden totalmente el rumbo de la profesión y acaban poniéndose al servicio total de su fuente. Hace unos días, un oficial del ejército necesitaba llegar hasta un lugar donde se había descubierto un campo minado. Como sabía que en el camino se podía encontrar con la guerrilla y no disponía de la seguridad necesaria, le dijo a un colega que lo llevara y que él se hacía pasar como su auxiliar de cámara. Y lo hizo”

Que un periodista llegue en el momento preciso y al lugar exacto donde se va a dar una noticia hace parte del ejercicio de su profesión. Pero las liberaciones no son una situación normal dentro del conflicto y por ello se aprueba por parte del gobierno nacional, por parte de la Cruz Roja y por parte de la guerrilla un protocolo de seguridad que es de estricto cumplimiento. Cualquier violación del mismo puede dar al traste con todo el operativo y por ello se hacen públicos, para que todos sepan a qué se comprometió el gobierno para que todo se realice sin contratiempos ni inconvenientes.

Si se tratase de una corresponsal que solamente trabajase con un medio y que logró llegar al lugar resultaría cuestionable éticamente porque los demás medios y colegas respetaron el protocolo sacrificando con ello la primicia. Pero se trata de una corresponsal que no sólo trabaja con un canal de televisión sino con las Fuerzas Militares de Colombia, por lo que se trataba de un trabajo de inteligencia militar enmascarado en el ejercicio de la profesión de periodista, que puso en riesgo la vida de los secuestrados, de los intermediadores y de la población misma.

En medio de un conflicto interno que lleva sesenta años, los periodistas se someten a actuar en contra de un periodismo ético y solidario, admitiendo la censura, desinformando, no siendo objetivos e imparciales, satisfaciendo los requerimientos de sus jefes, del gobierno, de políticos, de empresarios, de quienes pautan con ellos, de las instituciones oficiales y ahora hasta para servir de infiltrados se prestan.

Ahora, cabe preguntarnos de qué forma obtuvo las Fuerzas Militares las coordenadas exactas de la liberación del Concejal Marcos Baquero para que la periodista Sugey Rivera se encontrase en el lugar exacto cuando el helicóptero aterrizó con la Comisión Humanitaria a quien le sería entregado el concejal; cuando es de público conocimiento que Piedad Córdoba sólo entrega las coordenadas al piloto del helicóptero una vez están en el aire. La respuesta exacta solamente la tendrán ellos, pero por deducción lógica nos atrevemos a contemplar dos posibilidades únicas para nosotros: o bien entre el grupo de personas que rodea a Piedad córdoba tienen a otro infiltrado, o el medio de comunicación entre ella y la guerrilla está chuzado y no es confiable para garantizar un proceso de liberaciones sin inconvenientes como el que se presentó el miércoles 9 de febrero.

Sea como fuere, es reprochable desde todo punto de vista la posición de ventaja que tomó la periodista Sugey Rivera en lo que a la profesión se refiere, así como es reprochable la violación del protocolo de seguridad por parte de las Fuerzas Militares al utilizar a esta mujer para que hiciese tomas del lugar de las liberaciones y de quienes entregaban a los secuestrados. Fue mucho lo que se puso en riesgo con ello y desde ningún punto de vista resulta ético.

Actuar en contra de la ética, la decencia y las buenas costumbres es actuar de manera indigna, no sólo hacia sí mismo como ser humano y como profesional, sino afectando con ello la sana competencia, la profesión, a los colegas y a la sociedad colombiana. El periodismo es una profesión que exige de seriedad y respeto. Respeto ante todo a la ciudadanía a la que se deben, respeto a las autoridades y a los acontecimientos que a todos afecten.