Liberaciones unilaterales de seis secuestrados por parte de las FARC

Las FARC decidieron liberar, de manera unilateral a cinco secuestrados en desagravio a la destituida e inhabilitada Senadora piedad Córdoba Ruíz, por considerar que se cometió una injusticia por parte del Procurador General de la Nación, ya que el único vínculo que ella ha podido tener con ellos ha sido de forma oficial, en representación y autorizada por el gobierno para la liberación de retenidos y en su incesante lucha por la paz de Colombia.

Es así como en tres operativos diferentes entregarían al Concejal Marcos Baquero, al Concejal Armando Acuña, al Infante de Marina Henry López Martínez, al Mayor de la Policía Guillermo Solórzano y al Cabo del Ejército Salín Antonio San Miguel Valderrama.

Pese a que inicialmente hablaron de cinco liberaciones, decidieron hacer una sexta liberación en el último contingente de la operación, y es así como regresa a su hogar el Patrullero Carlos Alberto Ocampo.

Pero como ya hemos explicado en otras ocasiones que estas y todas las liberaciones que han tenido lugar de manera unilateral, tienen un proceso y unos protocolos que han sido previamente redactados por el gobierno nacional y aprobados por las partes intervinientes, que deben ser respetados, porque en el evento de no hacerse, se podría generar no sólo que se fragüen las liberaciones, sino también que se pierda la confianza que podrían tener las Farc en Piedad Córdoba, y también podrían poner en gran peligro la vida de quienes intervienen en ellas.

La noticia de las liberaciones no es nueva y posiblemente ahora sólo resulte llamativa a los familiares de quienes han sido privados de su libertad y a quienes trabajan diariamente por una salida pacífica al conflicto armado. Pero sí hay algo que ha ocurrido en varias de ellas, y ha sido la violación de dichos protocolos de seguridad.

Piedad Córdoba, por razones que sólo ella podría argumentar no entrega las coordenadas donde serán liberados los retenidos al gobierno nacional. Solamente lo hace al piloto de la Comisión brasilera que hace acompañamientos a las mismas, una vez se encuentran a determinada altura. Aún así, en algunas ocasiones aviones de la Fuerza Aérea han sobrevolado muy cerca en el momento exacto de las liberaciones y dentro del espacio aéreo determinado en los protocolos como prohibidos. En otros casos el Ejército no ha cesado los bombardeos y han estado a diez minutos del lugar de las liberaciones y en ésta ocasión, la protagonista en la violación de los protocolos no es ni más ni menos que una periodista de las Fuerzas Militares que se infiltró entre la población vecina y transmitió para un canal de televisión en vivo.

Se trata de Sugey Rivera, quien pese a haber negado su vínculo con las Fuerzas Militares, eso ya ha sido plenamente confirmado. Hay una gran similitud de ésta situación con el caso que expone el trabajo de investigación de Patricia Gómez cuando un periodista le reconoce:

“Hay periodistas que en las zonas de orden público pierden totalmente el rumbo de la profesión y acaban poniéndose al servicio total de su fuente. Hace unos días, un oficial del ejército necesitaba llegar hasta un lugar donde se había descubierto un campo minado. Como sabía que en el camino se podía encontrar con la guerrilla y no disponía de la seguridad necesaria, le dijo a un colega que lo llevara y que él se hacía pasar como su auxiliar de cámara. Y lo hizo”

Que un periodista llegue en el momento preciso y al lugar exacto donde se va a dar una noticia hace parte del ejercicio de su profesión. Pero las liberaciones no son una situación normal dentro del conflicto y por ello se aprueba por parte del gobierno nacional, por parte de la Cruz Roja y por parte de la guerrilla un protocolo de seguridad que es de estricto cumplimiento. Cualquier violación del mismo puede dar al traste con todo el operativo y por ello se hacen públicos, para que todos sepan a qué se comprometió el gobierno para que todo se realice sin contratiempos ni inconvenientes.

Si se tratase de una corresponsal que solamente trabajase con un medio y que logró llegar al lugar resultaría cuestionable éticamente porque los demás medios y colegas respetaron el protocolo sacrificando con ello la primicia. Pero se trata de una corresponsal que no sólo trabaja con un canal de televisión sino con las Fuerzas Militares de Colombia, por lo que se trataba de un trabajo de inteligencia militar enmascarado en el ejercicio de la profesión de periodista, que puso en riesgo la vida de los secuestrados, de los intermediadores y de la población misma.

En medio de un conflicto interno que lleva sesenta años, los periodistas se someten a actuar en contra de un periodismo ético y solidario, admitiendo la censura, desinformando, no siendo objetivos e imparciales, satisfaciendo los requerimientos de sus jefes, del gobierno, de políticos, de empresarios, de quienes pautan con ellos, de las instituciones oficiales y ahora hasta para servir de infiltrados se prestan.

Ahora, cabe preguntarnos de qué forma obtuvo las Fuerzas Militares las coordenadas exactas de la liberación del Concejal Marcos Baquero para que la periodista Sugey Rivera se encontrase en el lugar exacto cuando el helicóptero aterrizó con la Comisión Humanitaria a quien le sería entregado el concejal; cuando es de público conocimiento que Piedad Córdoba sólo entrega las coordenadas al piloto del helicóptero una vez están en el aire. La respuesta exacta solamente la tendrán ellos, pero por deducción lógica nos atrevemos a contemplar dos posibilidades únicas para nosotros: o bien entre el grupo de personas que rodea a Piedad córdoba tienen a otro infiltrado, o el medio de comunicación entre ella y la guerrilla está chuzado y no es confiable para garantizar un proceso de liberaciones sin inconvenientes como el que se presentó el miércoles 9 de febrero.

Sea como fuere, es reprochable desde todo punto de vista la posición de ventaja que tomó la periodista Sugey Rivera en lo que a la profesión se refiere, así como es reprochable la violación del protocolo de seguridad por parte de las Fuerzas Militares al utilizar a esta mujer para que hiciese tomas del lugar de las liberaciones y de quienes entregaban a los secuestrados. Fue mucho lo que se puso en riesgo con ello y desde ningún punto de vista resulta ético.

Actuar en contra de la ética, la decencia y las buenas costumbres es actuar de manera indigna, no sólo hacia sí mismo como ser humano y como profesional, sino afectando con ello la sana competencia, la profesión, a los colegas y a la sociedad colombiana. El periodismo es una profesión que exige de seriedad y respeto. Respeto ante todo a la ciudadanía a la que se deben, respeto a las autoridades y a los acontecimientos que a todos afecten.