Y pensar que el concejal César Acuña, de manera irresponsable y para justificar la ilegalidad que "tenían" que aprobar, dedicó una sesión del concejo, en un escenario público como lo es el recinto edilicio a "hablar" de la circular conjunta y a atacar a la Contralora General de la República... Espere concejal Acuña, porque la ley se cumple y si no la cumplen se paga...
Vigencias futuras al banquillo
El Consejo de Estado, en sentencia proferida por la Sección Primera de dicha corporación, sentó ayer un importante precedente en materia de la gestión pública territorial.
El caso bajo estudio del Consejo de Estado sucedió en el departamento del Casanare. En dicho ente territorial, la Asamblea departamental aprobó una ordenanza que autorizaba a la gobernación del Casanare a comprometer recursos bajo la modalidad de las vigencias futuras excepcionales más allá del periodo del actual gobernador.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Casanare anuló la ordenanza y el Consejo de Estado confirmó dicho fallo agregando que la incorporación a los presupuestos departamentales de recursos vía vigencias futuras excepcionales es contraria a la Constitución y a la ley.
La decisión del Consejo de Estado tiene un impacto inmenso sobre la gestión de los entes territoriales porque significa que, a partir de dicho fallo, los gobernadores –y por extensión los alcaldes– no podrán dejar comprometidos o “amarrados” recursos que afecten a vigencias presupuestales, más allá de sus respectivos periodos de gobierno.
Según la Contraloría General, la decisión del alto tribunal pondría un freno a aproximadamente 15 billones de pesos que ya habrían sido comprometidos por las actuales gobernaciones y alcaldías municipales.
En este sentido, la decisión del tribunal contencioso se enmarca en la misma línea de acción de la Circular Conjunta expedida por la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría General en septiembre del año pasado y dirigida a los entes territoriales, a los cuales les prohíben la aprobación de operaciones de crédito bajo la modalidad de vigencias futuras y les solicita a las asambleas y concejos derogar las ya aprobadas.
La decisión del Consejo de Estado es bienvenida en la medida en que ayude a poner fin la nociva costumbre de los gobernantes locales de querer perpetuar su mandato a través de contratos y proyectos que comprometen perversamente recursos del futuro que aún no han sido causados y que dejan poco espacio de acción para sus sucesores.
Así las cosas, bien valdría la pena que los entes de control examinaran en nuestro departamento si los municipios del Cesar –en particular, los que conforman el eje minero: Chriguaná, la Jagua, El Paso y Becerril–, su capital Valledupar y la propia gobernación han incurrido en esta prohibición o están cumpliendo con la normatividad vigente. Pero se nos olvidaba que en el Cesar los entes de control no existen.
Fuente: Radio Guatapurí
Mi denuncia, a fines de septiembre de 2010:
Pareciese que el señor alcalde LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ no teme violar las puntuales instrucciones de los entes de control y de instancias superiores del orden nacional; y pareciese que la gran mayoría de nuestros “honorables concejales” lo secundan en ello.
Recordemos como el pasado 8 de septiembre del año en curso, a través de una circular conjunta, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Doctor Juan Carlos Echeverri; la Contralora General de la República, Doctora Sandra Morelli Rico; el Procurador General de la Nación, Doctor Alejandro Ordoñez Maldonado; y el Auditor General de la República, Doctor Iván Darío Lee, advirtieron sobre el incremento de la deuda pública de departamentos y municipios a través de las llamadas "Vigencias Futuras", e indicaron que esta situación ponía en riesgo la estabilidad financiera del país, por lo que impartieron directrices para enfrentar esta problemática.
1. CÉSAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA,
2. JAIME EDUARDO BORNACELLY FIGUEROA,
3. JORGE ELIÉCER CANALES MEDINA,
4. FREDDYS ALBERTO GÁMEZ LOBO,
5. JHON JAIRO GIL ROJAS,
6. PEDRO VENANCIO MANJARRÉZ CABANA,
7. GABRIEL MUVDI ARANGUENA,
8. WALTER ENRIQUE OÑATE CORREA,
9. ÁLVARO JOSÉ ROSADO QUINTERO.
Donde absolutamente todos, los nueve (9) concejales miembros de dicha Comisión lo aprobaron, y donde se comenta ya existe una coalición de diecisiete (17) de los diecinueve (19) concejales prestos y comprometidos con el señor alcalde para aprobarlo y convertirlo en Acuerdo.
LUZ MARINA GNECCO PLÁ
Aquí lo único que se ha hecho es dilatar lo que irremediablemente ha de pasar y lo han logrado precisamente empeñando al Municipio de Valledupar, con intenciones non sanctas…
Ya hace exactamente un año, en un profundo, claro y puntual informe rendido en la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, el alcalde interino Doctor CARLOS GARCÍA ARAGÓN y su Secretario de Hacienda Doctor GABRIEL CAMPILLO explicaron la verdadera situación financiera del municipio y cómo bajaríamos de nivel al tener necesariamente que declararnos en quiebra y tener que acogernos a la Ley 550.
No podemos dejarnos engañar, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ESTÁ QUEBRADO Y EMPEÑADO HASTA EL TUÉTANO, las pocas obras que vemos están haciendo son todas fiadas, se han comprometido todas las vigencias futuras posibles a 20 años, los tan cacareados recaudos se destinan al pago de acciones populares falladas en contra del municipio, porque además, los abogados que contratan y apoderan para que defiendan nuestros intereses terminan actuando a favor de los demandantes y no del municipio que paga sus honorarios.
Es decir, el señor alcalde LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ, quien es conocedor de la real situación financiera del municipio, porque de no ser así haría las obras realmente necesarias sin empeñar más el municipio y sin fiarle nada a la CONCESIÓN DE AMOBLAMIENTO URBANO, por su desmedido interés de hacer obras sin contar con los recursos pretende seguir endeudando al municipio, comprometiendo más vigencias futuras para hacer compras cuya importancia y urgencia no son claras ni obvias; cuando debiera implementar más bien un programa de austeridad para evitar que el municipio se dirija, indefectiblemente, hacia la Ley 550.
Otro de los proyectos y que ya va para segundo debate, es por medio del cual autorizan al alcalde de Valledupar, LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ para la COMPRA DE TERRENOS EN LA VEGA ARRIBA, para proyectos ecológicos.
El día viernes 17 de septiembre, el Concejo Municipal dio el primer debate a otro de los proyectos presentados por el señor alcalde LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ, el cual es por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000) que pide pasar al proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE VENDEDORES QUE ESTÁ UBICADA EN LA CARRERA SÉPTIMA EN EL SECTOR DEL BARRIO LA GRANJA; es decir, ese dinero será para adicionar el ya existente de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.300.000.000) que dejó el ex alcalde Ciro Pupo de la liquidación de TELEUPAR y cuya obra se encuentra en completo deterioro y abandono tal y como han mostrado últimamente los medios de comunicación.
Ahora, ¿qué pretende el alcalde con esto? Sencillamente pide ni más ni menos una “AUTORIZACIÓN ABIERTA” para destinar el diez por ciento (10%) que le queda al municipio de LA CONCESIÓN DEL TRÁNSITO. Pero como eso no alcanza para completar los VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000) a los que aspira, pues el señor alcalde LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ decide además comprometer mediante vigencias futuras y seguir así empeñando aún más al municipio de lo que ya ha hecho, y completar el faltante con el EMPEÑO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA, tal y como lo dice el artículo 3 del proyecto de acuerdo en mención.
Pero incrementa la gravedad de todo esto conocer que el día después de ser emitida dicha circular y que en la sesión de del 22 de septiembre del año en curso, hubo epítetos desobligantes e irrespetuosos por parte de un concejal en especial en contra quienes firmaron ésta circular, sobre todo contra la señora Contralora General de la República, quienes con ello dejan entrever que no sólo no respetan a las instituciones ni las leyes, sino que tampoco a quienes están investidos de mayor autoridad, actuando en contra de las buenas costumbres, ya que un escenario como el recinto del Concejo Municipal, de carácter público, no puede ser empleado como si se tratase de una cocina y se supone que los honorables concejales, quienes están investidos del poder que les brinda la voluntad popular no deberían actuar como cocineras, sin demeritar ni intentar ofender obviamente a las cocineras, oficio que también ejerzo con gran arte... Pero no le podemos pedir peras al olmo, parece que esto lo ha convertido en costumbre, posiblemente aplicando aquí alguna costumbre de su tierra natal "San Pué"...
Esto es gravísimo, pues tanto el señor alcalde como los concejales están obviando flagrantemente la circular que emitiesen y remitiesen a los concejos y asambleas del país la Contralora General, el Procurador General, el Ministro de Hacienda y el Auditor General sobre la prohibición de autorizar a los alcaldes y gobernadores respectivamente facultades para comprometer más vigencias futuras y donde dice además, que las aprobadas hasta la expedición de dicha circular, debían ser derogadas.
En éste Proyecto de Acuerdo N° 018 de 2010 el señor alcalde LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ solicita facultades para comprometer vigencias futuras por valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000) POR DIEZ 10 AÑOS para inversión en obras de infraestructura, vías y otras.
Entre esas obras proyectadas están el mejoramiento de la vía de acceso al corregimiento de Los Venados, la construcción de seis plantas de sacrificio animal en zona rural, el cerramiento de los megacolegios y el mejoramiento de vías.
Entre ellos está el Proyecto de Acuerdo N° 018 de 2010, aprobado el día 22 de septiembre en primer debate por la Honorable Comisión de Presupuesto de nuestro eficiente y eficaz Concejo Municipal, conformada por los concejales:
Ahora resulta que pese a que estas instrucciones tan precisas fueron publicadas por todos los medios de comunicación, que pese a que tanto el señor alcalde como el Concejo Municipal fueron notificados, el señor LUÍS FABIÁN FERNÁNDEZ, radicó en el Concejo Municipal seis (6) Proyectos de Acuerdo donde pretende ser autorizado para comprometer nuevas “vigencias futuras”.
“Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 345, 352 y 364 constitucionales y en los artículos 10, 11 y 12 de la ley 819 de 2003”, precisaron.
Según el ministro de Hacienda, la Contralora, el Procurador y el Auditor, las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales, de lo que impropiamente han denominado vigencias futuras, no encuentran sustento jurídico en el artículo 1 del Decreto 3624 de 2004, como quiera que no existen proyectos específicos ni procesos contractuales en curso.
En la circular, dirigida a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, secretarios de Hacienda de las entidades territoriales, contralores departamentales, municipales y distritales, dejaron claro que “las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales”.
