Los medios periodísticos tienen una gran responsabilidad con la sociedad civil, y el ejercicio de la profesión periodística exige de una impecable ética profesional, ya que la ardua y seria misión de informar puede desvirtuarse al tergiversar las noticias, por lo que además de no informar con veracidad, se puede perjudicar a terceros con todo lo que ello acarrea.
En Colombia vemos a diario como los medios de comunicación dejan de lado su verdadera razón de ser y de existir, y cómo en muchas ocasiones, la noticia no es transmitida de forma objetiva, sino que se convierte en columnas de opinión. Para informar es necesario desprenderse de toda subjetividad y parcialidad.
Pero entre estos dos elementos predomina la parcialidad, ya que la subjetividad hace parte de ella misma; y cuyas causas son diversas. En ocasiones se debe a la asociación directa que algunos medios de comunicación tienen con los gobiernos de turno, en otros casos, por el nexo que los une con los clientes que adquieren publicidad en los medios y en otros casos, solamente por generar y crear noticias donde realmente no las hay para incrementar sus ventas o rating.
Para nadie es sorpresa o desconocido cómo en Colombia, durante los últimos años, algunos medios de comunicación se parcializaron con el gobierno anterior, al punto de crear un hasta entonces inexistente “derecho de opinión” que pretendía ser empleado para imponerse o para suplir al “Derecho de Estado”. Pero poco a poco se descubrió que las noticias que se emitían eran completamente opuestas a la realidad, y que la única fuente que pudo proveerle a los medios esas supuestas noticias llenas de maldad y de falta a la verdad que a diario se transmitían, era el mismo gobierno.
Se descubrió cómo el gobierno acudió a la ilegalidad, a la violación a los derechos fundamentales de las personas y a la siembra de pruebas solamente para desprestigiar a quienes consideraban sus enemigos. Sin constatar esas informaciones, los medios las transmitían tal y como el gobierno deseaba se hiciese y así, poco a poco y de forma paulatina, el gobierno, con el apoyo y anuencia de esos medios logró crear, de forma paulatina y constante el tan buscado “derecho de opinión”, que no era más que una imagen figurada que el gobierno requería para justificar ante el país y ante el mundo una tercera reelección.
Lo que reviste de mayor gravedad éste caso ha sido el hecho de que esos medios de comunicación sirviesen de facilitadores del gobierno y por lo tanto, que sean también responsables de la división que todo éste proceso generó en el país, donde se polarizó a la población entre buenos y malos de acuerdo a las noticias que de cada uno de ellos se emitía, de forma incesante, firme, persistente e insistente; dejando una impresión muy clara en la gran mayoría de los nacionales. Existía una relación directamente proporcional entre el incremento del derecho de opinión y entre la polarización del país. Quien no estaba de acuerdo con el gobierno era catalogado de manera directa de terrorista o de guerrillero y así eran y son señalados por la población. A unos se les atribuían acciones benéficas y a otros acciones vergonzosas y repudiables.
Fueron los medios de comunicación amigos del gobierno los encargados de desarrollar y de llevar a cabo todo éste perjudicial proceso, violento de por sí por las consecuencias tan lesivas para un país que anhela la paz y lo paradójico del caso, es que irónicamente lo lograron sin disparar una sola arma, tan sólo amparados en una máquina de escribir, en un micrófono o ante una cámara y escudados en el nombre y prestigio del medio de comunicación que gozaba de la protección patriarcal del gobierno.
En países autoritarios y subdesarrollados, donde no se respetan las libertades ni los derechos de los demás esto suele suceder, pero es ahí donde debe entrar el periodismo ético y la responsabilidad social de los medios de comunicación, quienes poseen el poder suficiente para cambiar gobiernos o para alterar un sistema de gobierno. Si se hubiese actuado con imparcialidad, con objetividad y con profesionalismo, muchas muertes, amenazas, chantajes, exilios y secuestros se pudieron haber evitado durante tantos años; solamente bastaba con informar la verdad una vez se verificase la noticia y se contrastase con otras fuentes serias y confiables, así como entrevistar a los afectados y preguntarse si se estaba transmitiendo lo correcto.
Pero es común que esto suceda, porque son pocos los medios que se caracterizan por ejercer un periodismo investigativo, veraz, honesto y de utilidad social. A veces prima el impacto que se logre con tan sólo enunciar un titular llamativo y mal intencionado, y es ahí cuando se pasa la línea imaginaria de la realidad periodística con el amarillismo.
Por otro lado vemos cómo muchas veces se ha violado la reserva de sumario de casos judiciales importantes para el país, en muchísimos casos los investigados se han enterado antes por los medios de comunicación que por las mismas autoridades. Funcionarios públicos de el poder judicial sirven de fuente, en algunos casos no afectan el normal desarrollo de los procesos, pero en otros casos sí.
Sobre todo en los medios radiales de las regiones observamos cómo el periodismo se ejerce de manera más irresponsable aún. Lo mismo en la prensa, empresas creadas por familias tradicionales que también están inmersas en la política, por lo que las noticias son muy parcializadas y llenas de subjetividad, logrando con ello cambiar o dirigir la percepción del receptor.
En estos casos locales, el periodista es también el encargado de buscar las pautas publicitarias que financiarán los costos de sus programas radiales, y como lo más sencillo es lograrla con los entes territoriales, eso garantiza inmunidad y elogios para la administración que los contrate. En muchas ocasiones vemos como por medio de los micrófonos presionan a los gobernantes criticando sus administraciones para que les otorguen contratos, por lo que la comunidad no conoce a ciencia cierta cómo evolucionan las gestiones de sus gobernantes, ya que el medio de comunicación masivo es la radio y éstas actúan conforme a los intereses de quien los contrate.
Esto se debe a que el periodista en vez de dedicar el tiempo a investigar las noticias que emitirá, debe dedicarlo a buscar quién o quiénes lo contraten para solventar el programa. Vemos también casos donde se trata de publicidad política pagada pero que se emite como si se tratase de noticia porque así se acuerda con los contratantes.
De la misma forma, en todos los niveles del territorio nacional están divididos los medios de comunicación y los periodistas por sus ideologías o tendencias políticas, por ello vemos cómo algunos columnistas de opinión escriben a favor o en contra del gobierno. Además, los medios de comunicación más reconocidos pertenecen o han pertenecido a familias políticas tradicionales, y esto, sumado a todo lo expuesto, nos indica que el periodismo y la política están entonces íntegramente ligados y eso de por sí, ya indica la falta de objetividad y parcialidad que impera.
En un país tan violento como Colombia, se debe ejercer el periodismo de manera más profesional y responsable, porque no hacerlo implica perjuicios irreparables contra personas que por una falsa información o por verdades a medias, pueden ser estigmatizadas, señaladas, vituperadas y convertir sus vidas en un verdadero infierno. Muchos casos se han visto en Colombia donde familias honorables han sido afectadas por el irresponsable ejercicio periodístico, algunos han tenido que exiliarse en otros países por el impacto que notas carentes de veracidad han generado en la población y entre los grupos armados ilegales. Otros que han contado con peor suerte han sido asesinados.
Vemos entonces como también existe censura, no sólo por parte del gobierno, sino también por esos grupos armados ilegales. Al estar el país dividido entre personas honorables y terroristas, también existen temas que son catalogados de terrorismo, como es el caso de los derechos humanos. Aquí la censura no se ejerce de manera legal y frontal, porque sería ilegal hacerlo; sino con castigos por parte del gobierno y se manifiesta con homicidios, así como la libertad de expresión es coartada con atentados, tratos degradantes, secuestro, amenazas e incluso con privación de la libertad por parte de las mismas autoridades. No en vano las cifras e indicadores al respecto reflejan un incremento de éstas prácticas ilegales de un 10% con respecto al año anterior.
Muchos periodistas han sido asesinados en Colombia, y casi todos ellos poseían un factor común, y fue investigar u opinar sobre temas álgidos para alguna de las partes, como la violación de los derechos humanos, crímenes catalogados de Estado por el Derecho Internacional Humanitario y corrupción en la función pública. Es Colombia un país dividido entre la derecha y la izquierda.
Pero es esa la verdadera misión del periodismo, informar a la sociedad de manera oportuna y veraz, sin temores y sin tabúes, sin modificar la información y actuando de manera objetiva, confrontando los datos que arrojen las diferentes fuentes consultadas e investigando, entrevistando a las contrapartes y dándole valor a lo que se transmita, con respeto, con decisión, con confianza, pero sobre todo, con responsabilidad y ética.
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