Desplazamiento forzado en Colombia

Colombia ha sido un país que siempre ha vivido en medio de la violencia, y con ello, muchas poblaciones han sido desplazadas forzosamente de sus lugares de origen. Por mencionar solamente lo acontecido durante el Siglo XX y XXI, recordemos el conflicto entre los Conservadores y los Liberales, los asesinatos de líderes políticos como Gaitán, la aparición de la guerrilla a principios de la década de los sesenta, el narcotráfico y su inmersión en todos los estamentos del estado Colombiano, la aparición de el paramilitarismo como consecuencia de las legales “Convivir”, la guerra entre guerrilla y los paramilitares tras el abandono e ineptitud del Estado y los crímenes catalogados de Estado, conocidos como “Falsos Positivos”.

El desplazamiento forzoso resulta entonces cuando personas son presionadas por diversas situaciones violentas y de diferente índole, a salir de sus lugares de residencia y a abandonar sus propiedades, obligándolos a emigrar a otras poblaciones donde no poseen nada que los identifique y donde puedan desarrollarse.

El desplazamiento es una consecuencia directa de la violencia, y en Colombia no es un conflicto reciente. Tampoco se originan en los diferentes procesos económicos que se han dado a través de los años en el país. Desde hace más de cien años podemos afirmar que en Colombia las personas han sido desplazadas y como consecuencia ha traído miseria y hambre, cuando los seres humanos han sido ultrajados en su dignidad, teniendo que buscar otros medios para subsistir y que ha generado mayor violencia ante la falta de oportunidades.

El éxodo masivo del campo a la ciudad ha sido más notorio y ha llevado a que el mundo conozca sobre lo que aquí ha ocurrido tras la guerra cruenta entre la guerrilla y el paramilitarismo. Lo que inició como una defensa personal por parte de un grupo de personas que se unieron para defenderse de lo que el estado no era capaz, desvía el supuesto objeto y termina ultrajando a la población civil y violando todos los derechos inherentes al ser humano bajo el silencio cómplice del Estado.

Cientos de miles de colombianos se vieron obligados a dejar sus tierras en cuestión de horas, sin poder siquiera organizar sus pertenencias porque los alzados en armas no les daban tiempo para ello, so pena de ser asesinados. Esto se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales, políticos y económicos en nuestro país. Tanto la guerrilla como el paramilitarismo han desplazado a personas de sus propiedades, cada vez que han arremetido de forma violenta e inmisericorde contra las poblaciones, el temor ha hecho que muchas personas abandonasen sus predios que eran sus únicos medios de subsistencia.

Tuvieron que trasladarse a nuevas poblaciones o a ciudades, con una mano atrás y otra adelante, sin recursos económicos, enfrentando una realidad ajena a lo conocido, pedir favores a familiares o a conocidos, llevando a cargo a toda la familia, sin saber dónde dormirían, con qué se alimentarían y desconociendo su futuro inmediato. Situaciones como estas son traumáticas, porque todo cambio abrupto, inesperado y no voluntario lo es.

El desplazamiento ha traído consigo problemas sociales como son pobreza y el hambre, al verse muchos de ellos acorralados y sin salida, y al sentirse abandonados por el Estado, incapaz de garantizarles los derechos fundamentales, muchos han delinquido para poder subsistir. La miseria la vemos en los semáforos y en todos los rincones de las ciudades, lo que a su vez ha incrementado la violencia en las cabeceras.

DESPLAZAMIENTO FORZOSO Y ROBO DE TIERRAS

POR PARTE DEL PARAMILITARISMO

Con el afianzamiento del paramilitarismo, surgió una nueva modalidad de desplazamiento en algunos casos y de muertes en otras, con el factor común de pérdida de sus tierras, las cuales fueron adquiridas por los victimarios adquirieron de forma fraudulenta, sembrando el terror, amenazando, obligando a firmar documentos de ventas ficticias e incluso asesinando a sus propietarios. Testaferros de los diferentes comandantes paramilitares poseen a sus nombres la gran mayoría de éstas tierras.

A raíz de la desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz exigía a quienes se acogiesen a ella debían reparar a sus víctimas, y debían restituir a sus propietarios las tierras; sin embargo, los paramilitares en la gran mayoría de los casos no han siquiera contado la verdad, menos aún han devuelto la totalidad de tierras que de forma violenta arrebataron a los campesinos. Muchas de ellas las tienen a nombre de sus testaferros y si la comunidad no denuncia, será muy difícil determinar cuáles son, a cuántas hectáreas ascienden y a nombre de quienes están.

Según grupos de derechos humanos, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de cuatro millones de desplazados (4.000.000) en las últimas dos décadas. En el año 2002 se calculaba que ascendía a tres mil (3.000) familias, es decir, el incremento durante los dos cuatrienios del señor Álvaro Uribe fue no sólo notorio, sino también exagerado, como si de una anarquía se tratase. Cabe entonces preguntar por qué durante éste gobierno ocurrió esto, dónde estaba el Estado y qué medidas preventivas y correctivas aplicó el gobierno de la supuesta “seguridad democrática” en ésta situación específica.

La Ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe no garantiza que las exigencias para quienes se acojan a dicha ley sean cumplidas, y ante la intempestiva e incomprensible decisión del señor Álvaro Uribe, de extraditar a los cabecillas del paramilitarismo a Estados Unidos cuando recién empezaba a aplicarse la Ley de Justicia y Paz, no habrá ni verdad, ni justicia y menos aún reparación.

Qué intentó ocultar el señor Uribe con ésta decisión no se sabe con certeza, pero sí existen hipótesis sobre el temor que tenía si estos personajes contasen toda la verdad. Sea como fuere, esa decisión ha afectado a Colombia entera, porque sus crímenes debían pagarlos acá, pero sobre todo, porque sin sus testimonios será muy difícil reconstruir la historia de Colombia.

Algunos medios publicaron sobre tierras que los jefes paramilitares habían entregado; pero donde se denunciaba que estas tierras no fueron devueltas a sus propietarios originales, sino que incluso algunos funcionarios del gobierno se habían apropiado de ellas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue muy difícil que se restituyese a las víctimas sus tierras. No hubo voluntad política, no hubo verdad y siguen los debates, pero justicia plena tenemos la certeza que no habrá, porque no todas las tierras serán entregadas a sus dueños, las cuales se calculan en seis millones (6.000.000) de hectáreas, pero debemos considerar que aún muchos no han denunciado por temor, ya que a quienes han luchado por la restitución de sus tierras han sido asesinados, aún a sabiendas del señor Álvaro Uribe, porque muchas denuncias se hicieron de manera pública.

JUAN MANUEL SANTOS Y LA LEY DE TIERRAS

Durante su discurso de posesión como Presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos afirmó que durante su gobierno devolvería a las víctimas del conflicto los predios que les fueron robados, ya que consideraba ésta medida fundamental en su programa de prosperidad. Se comprometió a quitárselas a quienes las tuviesen y que pedía colaboración a los congresistas para lograrlo en una sola iniciativa que cobijase la restitución de tierras y la de reparación a las víctimas, tal y como había propuesto el Partido Liberal.

“Queremos tener toda la facilidad, todos los instrumentos para que en la medida de lo posible se le entregue títulos a todos esos campesinos que hoy tienen presencia pero no tienen título”, explicó el mandatario colombiano.

Ahora el Partido Conservador, representado por Fernando Araujo, rechazó la propuesta del Partido Liberal de incluir el capítulo de restitución de tierras en el proyecto de ley de víctimas, aduciendo que "La ley de víctimas no puede ser una vena rota para el presupuesto”. Es decir, para los conservadores prima lo económico sobre los derechos de la personas y sobre la obligación del Estado.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha generado por ello muchos roces con su antecesor, quien no ve bien que esas tierras sean entregadas a sus propietarios. De ahí que la mayor oposición que haya tenido en el congreso el proyecto provenga de la bancada del Partido Conservador y del Partido de la U, irónicamente, el mismo partido que avaló la candidatura del  Presidente Santos.

El gobierno pretende dividir el proceso de restitución de tierras en varias etapas, en la primer fase devolverían 312.000 hectáreas de tierra a casi 130.000 familias campesinas.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo que la iniciativa pretende devolverle 500 mil hectáreas anuales a las víctimas de la violencia que fueron despojados de sus tierras y que el proyecto contempla además se tipifiquen los delitos de testaferrato y despojo y la creación de una entidad agraria que será la encargada de restituir las tierras a sus dueños.

Pero surge otro problema cuando algunos “empresarios paisas” se han comunicado con el gobierno aduciendo ser poseedores de muchas de esas tierras denunciadas en Los Montes de María, pero que las adquirieron de “buena fe”, por lo que afirman no deben ser expropiados. Pero investigaciones revelan que los propietarios originales fueron obligados a vender esas tierras a tan connotados empresarios por valores irrisorios, inferiores a los trescientos mil pesos ($300.000) por hectárea y que ahora los empresarios le piden al Estado una “indemnización” para devolverlas, cuyo valor por hectárea superan los dos millones de pesos ($2.000.000) sin incluir las reformas o infraestructura que sobre esas tierras hayan realizado.